La semana pasada se reunieron en Bogotá, convocados por el Tribunal Nacional de Ética Médica, como es la costumbre anual, los presidentes, los asesores jurídicos y los secretarios de los tribunales de todo el país.

Los temas tratados versaron, como siempre, sobre la Ley 23 de 1981 de Ética Médica, su aplicación y las dificultades encontradas en el manejo de la norma, hoy obsoleta en muchos artículos, la cual merece urgentemente una modificación. Para enunciar solamente uno de tantos problemas: La ley se sancionó cuando el ejercicio de la medicina era un 80% de carácter privado y actualmente el 90% es institucional.

Que sea institucional no es un hecho nefasto, por el contrario es un mecanismo con un elevado contenido social, que pretende una mayor cobertura mejorando la calidad de la práctica médica, lo que debería beneficiar a los colombianos sin distinción alguna, porque todos tendrían derecho a una atención oportuna y sin limitaciones.

La dificultad surge cuando en la búsqueda de la salud, el ser humano tiene que relacionarse con instituciones cuya meta es el lucro ilimitado, por diferentes fuentes, con detrimento de en la prestación de los servicios médicos, lo que está en contra del derecho fundamental a la salud.

En una de las sesiones se presentó un triángulo en donde se entrelazaban el médico, el acto médico y el paciente. Pero el meollo no está allí, porque la verdadera encrucijada se identifica en otra tríada más amplia: Paciente, Empresa Promotora de Salud (EPS)-Institución Prestadora de Servicios de Salud(IPS) y médico. Dependiendo del ángulo que se quiera analizar, se presentan factores en pro y en contra, en donde finalmente quienes reciben todo el impacto de lo malo entremezclado con acciones buenas, son el doctor y el enfermo.

En estos temas lo malo no se puede compensar con lo bueno, bajo ninguna circunstancia. Es un trueque que la dignidad humana no debe tolerar. Porque lo inicuo puede terminar con la vida del paciente y lo bueno puede no alcanzar a protegerlo de un ignominioso final.

La abogada Diana Hincapié, prestigiosa profesional que avanza en sus estudios de doctorado, vinculada a la labor universitaria, invitada especial al evento, afirmó que los médicos tienen un compromiso ineludible de gremio frente a la sociedad en defensa de ella en general, y en particular de quienes están sometidos al sufrimiento por el desamparo en la enfermedad o de pérdida de las condiciones de salud.

El gremio médico, agrupado en varias instituciones, ha emergido en los últimos años con una posición férrea frente a algunos de los desafueros del Estado y de entidades como las EPS o las IPS. Todo esto a través de los directivos, pero el grueso de más de 60.000 médicos del país se caracteriza por un aislamiento vergonzoso que no se compadece con la defensa de su labor social.

¿Qué hacer para aglutinar activamente a los médicos frente a las decisiones y prácticas lesivas para con los pacientes? La única solución es que los líderes asuman sus responsabilidades y que los médicos entiendan el inmenso compromiso que adquirieron frente a la sociedad cuando juraron ser los adalides de la salud de los colombianos.

Al gremio no le deben ser extraños temas como la educación y la Ética Médica, el ejercicio en los diferentes niveles de atención; las normas de vigilancia y control; el rechazo a la mala práctica médica; los centros asistenciales de formación académica, el tiempo dedicado a los pacientes; la infame tercerización, a pesar de las normas; el estado integral de salud de los colombianos y sobre cualquier tópico de su incumbencia.

La fortaleza del gremio debe ser reconocida y aceptada, puede enderezar muchos caminos zigzagueantes que entorpecen un ejercicio libre de presiones ilícitas.

No es aceptable la falsa sentencia que dictamina que el gremio protege a ultranza e indebidamente al médico en particular frente a la violación de la Constitución y las normas que rigen el ejercicio de la medicina.¡Injusto!