Jorge Raad


Los colombianos tienen diversas opiniones sobre los diálogos de La Habana. Se evidencia que el país está polarizado. Poco a poco van emergiendo propuestas, a veces diametralmente opuestas y hasta absurdas, sobre lo que debe suceder después de que se firmen los convenios.
El pueblo unido está suplicando que termine la violencia, mal denominada común, que hoy impera en todos los rincones, la cual no tiene derivación directa de las luchas armadas, todas, por el poder del Estado. Múltiples causas deben ser eliminadas por la sociedad y el Estado para llegar a esta otra paz. Ambas deben terminar en un solo camino y la sociedad entera vivir tranquila. ¿Cuándo?
Entre los dos extremos, divergencias y consensos, aparecen temas esenciales porque en los triviales, cada quien coge su vía. Causa estremecimiento cuando lo fundamental se convierte en baladí o acontece a la inversa. ¡Y todos campantes!
Con motivo del proyecto de Ley sobre Ética Médica, El Tiempo editorializó sobre el tema. Es necesario analizar y controvertir varios de los aportes capitalinos.
Hay que repetir enfáticamente que la Ley de Ética Médica no es una norma exclusiva para los médicos, aunque parezca así. La nueva norma, así como el que hoy existe, es para la defensa de la sociedad, ello no admite duda.
El gremio médico es una cosa y la norma ética es otra, porque entre los tribunales donde se dirimen los conflictos entre los quejosos y los médicos supuestamente culpables de infringir la Ley de Ética Médica, no existe solidaridad de cuerpo. Allí impera la investigación, el análisis y la ecuanimidad, dentro del respeto por todos.
El gremio médico necesariamente debe ser fuerte, lo cual no admite la más mínima duda ni espera. Además, los médicos, 57.000, han sido pasivos y poco unidos ante los sucesos derivados de una pésima Ley 100 de 1993, y su reforma vigente, no reglamentada, en lo referente a la intermediación que mercantilizó la salud y llevó al médico a un estado de menor valor. La Ley tuvo cambios, pero continúa la impotencia de la sociedad y sus instituciones, ante la persistencia de las fallas.
Un punto crítico es la autonomía del acto médico: ¿La tiene el médico o no la tiene? Si la tiene, no puede reclamársele que conserve un equilibrio entre sus derechos con los de sus pacientes y mantener incólume la parte financiera del Sistema, esa no es su obligación directa, hay otras vías para lograr ese equilibrio. Una es la educación.
No se puede confundir al médico especialista con quien hace una medicina general, la más importante de todas por sus fundamentos, su práctica y asequibilidad para toda la población. Los médicos especializados tienen sus propios grupos e intereses y tienen derecho a defenderlos, otra cosa es que las instituciones como las Escuelas de Medicina acepten sus consideraciones que en ocasiones sobrepasan los derechos de los demás.
Tanto médicos especialistas como generales están sujetos a la Ley de Ética Médica. Todos deben probar que han actuado con prudencia, pericia, diligencia y cumplimiento de los mandatos legales y de norma. Y todos están subordinados a la Ley Estatutaria de la Salud con diferentes resultados, varios de ellos indeseables no propiamente por culpa de los médicos.
El ejercicio de la medicina implica una función social, pero la sociedad tiene que entender los compromisos con el médico, debe darle el sitio adecuado y retribuirlo no solamente en lo económico sino en otros aspectos que fortalezcan su vocación y el reconocimiento de su servicio.
La ciencia médica por la ciencia es una cosa, y la medicina integralmente concebida es otra cosa. De bárbaros a médicos hay una brecha profunda. La sociedad debe promover, evaluar y galardonar con su adhesión el ejercicio ético de la profesión de médico, como se hace en la mayoría de las veces.
Finalmente, la Promesa del Médico no lo resuelve todo ni es una patente de corso.
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