Es difícil recordar una indignación mayor que la generada por la venta de Isagén. Exceptuando a la alta burocracia oficial y a unos cuantos subalternos políticos de Santos, Mauricio Cárdenas y Vargas Lleras, muy pocos han defendido un proceso que mientras más se conocía más repudio causaba, tanto por el contenido de la pésima idea como por la forma inicua como la perpetraron. 
La sola propuesta de privatizar a Isagén unió al país, coincidencia que pronto se expresó en que ochenta senadores, de las más diversas banderías, nos declaramos en su contra. Y no era para menos, porque no la vendían por ser una mala empresa sino por ser una muy buena –la joya de la corona, la gallina de los huevos de oro–, dadas sus excelentes utilidades y su valor estratégico en aspectos irremplazables de soberanía nacional, generación eléctrica, cuidado del agua, control de tarifas y pago de impuestos, cualidades que ningún inversionista extranjero tiene entre sus propósitos. 
La indignación nacional se disparó cuando se supo que la empresa se feriaría a la barata en una falsa subasta, con un solo oferente, posibilidad a la que un decreto inconstitucional de Simón Gaviria, le dio viso de legalidad, maniobra que inmortalizará al santismo como el creador de las subastas de bienes públicos de yo con yo. Y la forma como atropellaron –entre el 21 y el 23 de diciembre– las decisiones de una subasta que convocaron para el 13 de enero, lleva a concluir que el objetivo del gobierno fue actuar a espaldas de los colombianos, aprovecharse del receso judicial para impedir recursos en contra y hacer muy difícil la presencia de más de un proponente, verdad esta última que confirma que Colbún nunca decidió participar en la subasta, aspecto sobre el que se le faltó a la verdad al país. 
De otra parte, una vez sabido que Isagén se le vendería a Brookfield a precio de ganga –porque no habría subasta–, el procurador le “advierte al gobierno la inconveniencia de dicha venta” porque generaría una pérdida del patrimonio nacional de 2,37 billones de pesos. Y el contralor refutó a Santos al afirmar que Isagén sí era de importancia estratégica y señaló que su venta afectaría los ingresos de la Nación. Sobran las razones para que se abran investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 
También avivó el rechazo nacional saber que Brookfield no era una empresa de electricidad sino de especulación financiera, para peor residenciada en un paraíso fiscal y con graves acusaciones por conductas oscuras y andanzas ilegales. En Estados Unidos ha sido investigada por promover la corrupción internacional, sus cuentas son como cajas negras imposibles de analizar, del tipo de las de Enron, y los expertos aconsejan no invertir en ella, en tanto que en Brasil se le adelanta un proceso por el pago de sobornos a funcionarios públicos. 
Y no es menor que altos ejecutivos de Brookfield hayan sido funcionarios del gobierno de Tony Blair, personaje al que Santos presenta como su amigo y quien goza de un merecido descrédito internacional en razón de sus operaciones de tráfico de influencias a favor de poderosos negociantes. En Colombia, Blair ya era conocido. Porque aquí actuó a las escondidas, a través de Planeación Nacional, a favor de los que se quedaron con Gray Star, la del páramo de Santurbán. 
Igualmente irritó que se probara que los recursos públicos no están igual invertidos en Isagén que en las vías 4G, falacia en la que tanto insiste Mauricio Cárdenas, y no solo en relación con sus utilidades. Ya dijeron que el primer paso del pago de Brookfield es convertirlo en TES, plata cuya tendencia a cubrir el déficit fiscal y volverse mermelada es muy grande. Y a pesar del sartal de mentiras no pudieron ocultar más que mucho de lo que vaya a vías irá a fondo perdido o con bajas tasas de interés y riesgos mayores a favor de quienes monopolizan estos negocios. En el negociado de Isagén, Colombia perderá al vender y al invertir esos recursos. 
La venta de Isagén contiene, además, otra cláusula que retrata de cuerpo entero al trío Santos-Cárdenas-Vargas Lleras: los nuevos propietarios podrán fijarle su residencia a la empresa en otro país, con lo que no pagarán impuesto de renta en Colombia. ¡Para reemplazar esta otra gran gabela a los híperpoderosos también será el aumento del IVA que cocina, así lo niegue, el Príncipe de Anapoima!