Al Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo nadie le consultó sobre la decisión de Juan Manuel Santos de nombrar a Clara López Obregón como ministra de Trabajo. Durante semanas, ella siempre nos dijo que no le habían ofrecido cargo alguno. Mi primera reacción fue señalar que no debería aceptar el nombramiento y que si lo aceptaba, debía renunciar a la jefatura del partido, dejándose claro además que actuaría a título personal y no en nombre del Partido y que este debía ratificar su oposición al gobierno, como en efecto ocurrió. Que no quede duda: el Polo no responde por nada de lo que suceda en ese Ministerio, como tampoco lo comprometen las decisiones del Consejo de Ministros.
No puede ser de otra manera. Porque el Polo es un partido declarado en oposición al programa de gobierno de Santos desde las elecciones de 2010 y así lo han ratificado su IV Congreso y todas las decisiones de su dirigencia nacional y de las bancadas en Senado y Cámara. Incluso, cuando el Partido abrió la posibilidad para que, a título personal, pudiera votarse por Santos en la segunda vuelta en 2014, en la resolución respectiva quedó dicho que el Polo sería de oposición a cualquiera de los dos candidatos que ganara la Presidencia. El inolvidable Carlos Gaviria falleció insistiendo en que el Polo era una opción programática contraria a la de los partidos tradicionales y que ello lo obligaba a actuar como oposición a Santos.
No debe sorprender entonces que las resoluciones de los directivos nacionales del Polo coincidan en que no se puede ser presidente de ese partido y ministro de Santos, en que Clara López actuará a título personal y en que el Polo se ratifica como un partido de oposición al gobierno santista. Y la decisión de Santos no significa una amabilidad con el Polo. ¡Por el contrario! Además de que busca enmascarar su posición profundamente regresiva, también va tras cooptar al Polo y desacreditarlo, para destruir o debilitar a la más coherente oposición a su gobierno. Mediante una maniobra semejante, en 2010, Santos estimuló a Gustavo Petro a dividir al Polo.
Con una alta dosis de ingenuidad o astucia, se dice que Clara López aplicará las políticas laborales del Polo. Nada más equivocado. Porque cualquier persona con un mínimo de ilustración sabe que los ministros -cualquier ministro, en cualquier país- no llegan al gobierno con su propio programa sino que van a ejecutar el del Presidente, en razón de que son sus empleados, encopetados, si se quiere, pero sus subalternos. Y tampoco puede decirse que al ministro solo lo comprometen las decisiones de su cartera. Porque, según la Constitución, al gobierno lo conforman el presidente y el consejo de ministros, que decide sobre las políticas de todos y cada uno de los ministerios.
Solo resta comprender que la oposición del Polo a Santos, como la que se le hizo a Uribe, es un acto de coherencia con sus tesis programáticas, contrarias a las de ellos, sobre la producción industrial y agraria, el empleo, la educación, la salud, los TLC y las relaciones laborales, entre otras. A manera de ejemplo, los polistas rechazamos el reciente Decreto 583 de tercerización de Santos y Luis Eduardo Garzón, que les arrebata a los trabajadores el derecho a organizarse. Y es obvio que el Polo no necesita entrar al gobierno para respaldar el proceso de paz, así como tiene el deber de impedir que Santos lo utilice como una cortina de humo para imponer sus otras políticas.
De otro lado, y como otra muestra del todo vale tan propio de Santos, este incluyó en la terna para Fiscal a Néstor Humberto Martínez, abogado de los más encumbrados magnates. Se cae de su peso que poner de Fiscal al agente de DLA Piper, la mayor trasnacional de abogados del mundo, no tiene nada de democrático y sí mucho de plutocrático, de lo peor de los gobiernos. A los demócratas debe repugnarnos que el gran poder de la Fiscalía pueda usarse a favor de los mayores intereses extranjeros y nativos. La voz airada de los colombianos, sin distingos de ningún tipo, debe y puede derrotar esta nueva desproporción de Santos, que así prueba que carece de barreras políticas y éticas a la hora de tomar sus peores decisiones.
Coletilla: en el Senado se demostró la descomunal corrupción de la trasnacional norteamericana CB&I en Reficar, con la alcahuetería de Foster Wheeler. Que las autoridades caigan sobre ellos y sobre los cómplices criollos de esta corruptela, que puede ser la peor de la historia del país (mi debate: http://bit.ly/1ryCgFi)