En cinco temas puede dividirse un primer comentario al Plan Nacional de Desarrollo (PND). Primero. Su financiación está embolatada. La víspera de presentarlo al Congreso sus autores tuvieron que recortarlo en 90 billones de pesos, porque calcularon los ingresos con cifras infladas. Por ejemplo, plantearon inversiones de regalías con petróleo a 85 dólares, a pesar de que en diciembre en el Senado le advertimos al ministro Cárdenas lo lejos que estaba ese precio de la realidad. Suponen que en 2015 el PIB crecerá 4,2 por ciento, cuando el Banco de la República redujo su pronóstico al 3,6 y el FMI al 3,8. Y tampoco son creíbles la producción de petróleo ni los crecimientos promedio supuestos para el agro y la industria, de 4 y 4,5 por ciento, entre 2014 y 2018.

Segundo. Produce vergüenza ajena leer al director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, ufanándose de que en el Plan de Desarrollo van "136 lineamientos específicos" de los 230 que Santos aceptó cumplir como condición para que Colombia pudiera adherir a la OCDE, con consecuencias peores que las de todos los TLC sumados. Porque ese llamado "club de los países ricos" -Estados Unidos y compañía-, al que también pueden entrar como "socios" los pobres, pero al cuarto de la servidumbre y a sufrir, como le ha tocado a Grecia, no tiene como fin promover un mundo en el que la prosperidad les llegue a todos, sino uno de globalizadores y globalizados, es decir, de ganadores y perdedores. Con esta actitud no sorprende que el Plan contenga un mico legislativo monstruoso: el artículo 122 autoriza poner tropas colombianas en las guerras colonialistas de estadounidenses y europeos.

Tercero. El PND expresa en todo su furor el dogmatismo neoliberal de los pocos que de verdad ganan con el libre comercio y de los tecnócratas y políticos en que se apoyan. Porque a pesar de que la crisis que ya empezó prueba el fracaso de esas teorías para sacar a Colombia del atraso y la pobreza, la concepción del Plan de Santos II es idéntica a la del de Santos I, más el consabido y demagógico cambio de las frases huecas. Si Colombia fuera un país casi perfecto, ejemplo de progreso para el mundo, plantearían mayores cambios económicos y sociales. Pero no. Nada. Se trata de seguir con lo mismo y de convertir a las capas medias y al pueblo en paganinis de los problemas en curso.

Cuarto. Fuera de la retórica populista, la ley del PND contiene 200 artículos de detalle. Son como un plan de negocios para unos pocos. Alianzas Público Privadas por doquier, incluso para infraestructura educativa. Menos producción nacional y más extranjera en los canales de televisión en los fines de semana, como exige el TLC, de donde también salen las normas del Plan que lesionan a las industrias licoreras y favorecen el trago extranjero. Nuevas gabelas a las trasnacionales mineras, petroleras y de las telecomunicaciones. Licencias exprés en la propia ley. Y el Estado podrá ceder, a título gratuito, sus derechos de propiedad intelectual.

El Plan consolida el negocio de las EPS, le impone copagos al no Pos y autoriza que Saludcoop se convierta en una sociedad anónima, profundiza la exacción financiera del Icetex, sienta las bases para que con facultades extras, decretos y resoluciones el gobierno logre hacer realidad la Ley Urrutia-Lizarralde y aumenta los avalúos catastrales urbanos por encima de la inflación.

Quinto. El PND también le concede al gobierno más de 36 facultades que despojan al Congreso de facultades legislativas, quebrantando el principio de la reserva de la ley, que limita los derechos del Legislativo de los que el Ejecutivo puede apropiarse (http://bit.ly/1748vBe). Y el conjunto del proyecto constituye una violación al criterio democrático sobre el trámite de las leyes, al contener decenas ocultas dentro de una sola y centralizar el estudio y aprobación en las comisiones terceras y cuartas, pisoteando los principios de la unidad de materia y del trámite por las comisiones especializadas. La marrulla consiste en que en la ley del Plan meten también una reforma a la salud, una reforma educativa, una reforma minera, una reforma al monopolio rentístico, una reforma de tierras rurales, una reforma a las telecomunicaciones, etc., y con mensaje de urgencia, de manera que en el Congreso no pueda debatirse a fondo cada conjunto de normas y mucho menos por parte de la ciudadanía. Nueva evidencia de que en el neoliberalismo la norma es la ausencia de normas.