Por instrucción médica tengo que practicarme, con la máxima prontitud, unos exámenes especiales fuera del país. Por ello, no pude estar presente en las discusiones en el Congreso sobre la Ley de Amnistía. Sin embargo, en un momento tan importante para la historia de nuestra democracia, no puedo prescindir de dejar sentada mi posición.
Desde el comienzo, como una persona que cree que los conflictos se deben dirimir de forma democrática y civilizada, he defendido el proceso de paz. Siempre he creído en la no violencia, que es el camino que mi hermano Guillermo nos enseñó a todos los colombianos y por el cual entregó hasta su propia vida.
Pero, como representante de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, FEVCOL, debo contribuir al debate aclarando unos puntos, sin la solución de los cuales me sería imposible estar de acuerdo con una Ley de Amnistía:
Primero que todo, seguiré insistiendo en que, para la aprobación de una ley de esta índole, era indispensable exigir la protección de la vida de los ya señalados más de 700 secuestrados en manos de las Farc. La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc y Las Voces del Secuestro hemos allegado pruebas de las condiciones en que se realizaron sus secuestros, con las cuales hemos demostrado que estos fueron efectivamente llevados a cabo por las Farc.
Por lo anterior, no puedo menos que rechazar el hecho de que el Congreso, a la hora de aprobar esta amnistía, haya sido indiferente ante los miles de colombianos que no tuvieron en esta Navidad a esos seres queridos en su casa, esas familias a las que se les niega el derecho básico a conocer el paradero de sus familiares, mientras sus victimarios se pasean impunemente a costa del erario, rehusando cumplir con el deber de la verdad.
Y no solo había que pensar en esas familias, a la hora de dar el debate sobre una Ley de Amnistía, sino también en aquellas que tienen la certeza de que sus familiares han sido desaparecidos por las Farc, en aquellas que todavía están separadas a causa de la política sistemática de reclutamiento forzoso de ese grupo guerrillero, y en aquellas personas que, hoy en día, siguen siendo amenazadas, extorsionadas y asesinadas por las Farc, en territorios apartados de nuestra geografía, donde el gobierno, casi en forma cómplice, ha mirado para otro lado.
Teniendo presente en nuestras mentes esta terrible verdad, los congresistas teníamos la obligación y la necesidad de aplazar la aprobación de una amnistía, hasta no estar seguros de haber solucionado los dramas anteriormente mencionados. No podemos actuar como si, al firmar un acuerdo y al votar positivamente una amnistía, ya todo estuviera resuelto y subsanado, mientras sabemos, según los párrafos anteriores, que se está ignorando trágicamente a todas las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que están siendo perpetrados todavía por las Farc.
Nuestro compromiso con los Derechos Humanos nos impide “pasar la página”, como nos piden algunos irredentos del acuerdo, porque no se trata de pasar la página, porque nuestros reclamos no son el pasado, sino de hechos victimizantes todavía en proceso. 
Ya que todo colombiano tiene el sagrado derecho a ser auxiliado por el Estado, cuando está en manos criminales, y ya que las familias tienen derecho a no seguir sufriendo por los crímenes contra sus familiares, debería avergonzarse el Congreso, como guardián de la justicia básica, por no haber utilizado las facultades que le otorga la Ley, fundamentales en este momento, para evitar que tales crímenes continúen sucediendo.
El Congreso dejó escapar una oportunidad única, para cumplir con la obligación de salvar a estos colombianos. Ahora, se corre el riesgo de que, pasado un tiempo, absurdamente, equivocadamente, el país, llegue a olvidarlos.