Un congresista responsable no puede votar como firmando un cheque en blanco. Por ello, la semana pasada, rechacé que el Gobierno presentara ante el Congreso el plebiscito sin incluir la pregunta a votar. Sin embargo, como era previsible, la plenaria dio vía libre al mismo. A primera hora del día siguiente, el país conoció cuál sería la pregunta. No sin sorpresa, constaté que es inductiva y equívoca, pues afirma que el acuerdo firmado es el paso necesario para “la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

No puede ser cierto que el conflicto se acabe con este acuerdo, porque en éste no están incluidos todos los actores violentos que hacen parte del conflicto. A pesar de que se puede pronosticar que, gracias a este pacto, la mayor parte de las Farc se desmovilicen y, por tanto, efectivamente, la violencia remita sustancialmente (efectos que hemos sentido desde que inició el cese bilateral de hecho), seguirán en actividad el Eln, las Bacrim, los remanentes del Epl y de las Farc y la delincuencia común. Sin vincularlos a este proceso, será imposible romper el ciclo de resolver los problemas mediante la violencia o la ilegalidad y nuestro país no podrá alcanzar las condiciones para que no florezca ningún otro conflicto violento en su seno.

No podemos olvidar, además, que la justicia tiene que ser gobernada por el principio de igualdad. Esto implica que toda persona ha de ser juzgada según las mismas reglas, sin ninguna discriminación o trato preferencial, por condición o ideología. En palabras simples: “Una Justicia que no es la misma para todos es igual que una mesa con patas, cada una, de distinta longitud: ni se puede ni se debe sostener”, como afirmara Dedi.

En consecuencia, si tienen derecho a amplias prerrogativas los máximos perpetradores de delitos de lesa humanidad en Colombia, que son los guerrilleros de las Farc, también tienen que tenerlo todos los demás que han caído en los círculos de la ilegalidad. Por ello, si las Farc son favorecidas con merced, necesitamos un perdón para todos, para que el sedimento que quede no sea la ironía de “El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan”, contra la que protestaba Neruda.

Al considerar todo lo anterior, debemos asumir este momento de tanta ilusión por la paz, como una entropía que es la oportunidad que tenemos que aprovechar para llevar a nuestra nación a un orden nuevo, en el cual el Estado sea capaz de garantizar a los ciudadanos el cumplimiento de sus derechos y la resolución de los conflictos, a través de la administración de la justicia y no de la violencia. Entonces, es necesario hacer “borrón y cuenta nueva” y sellar un nuevo pacto social por la legalidad de todos los actores. Este pacto tiene que ser sin exclusión alguna, pues lo que necesitamos para que haya paz en Colombia es el íntimo convencimiento de todos los ciudadanos de que vivir en la legalidad nos hará desarrollar como nación y permitirá al Estado enfocar sus esfuerzos en aquello que tiene que ser lo esencial: garantizar los derechos fundamentales de sus nacionales.

Ese pacto, en aras de reiniciar el camino, no podría exigir, sin embargo, el perdón, ni mucho menos la reconciliación entre víctimas y victimarios, que se ha convertido en el caballito de batalla de los irredentos del proceso (hasta llegar al punto de que, en el acuerdo, se lee reiteradamente que la reparación de las víctimas está subordinada a una reconciliación anterior).

Tras perfeccionar este nuevo pacto nacional, la ley deberá imperar con todo su rigor, no podrá haber perdón por parte del Estado y todos los organismos de justicia deberán desarrollar su tarea con máxima eficiencia.

Por el momento, todos los dirigentes y las fuerzas del país, de la mano del Estado, tenemos que impulsar una cultura de la no violencia, un cambio general de mentalidad, un verdadero compromiso del ciudadano con la ética, un nuevo contrato social. De lo contrario, no habrá en Colombia un cambio real, ni mucho menos paz.