Por una rareza de la condición humana, los administradores del poder, la justicia y las leyes, cuando van a tomar decisiones para solucionar problemas que afectan a la comunidad, descargan el peso de la culpa sobre los más humildes. Esa tendencia terminó por convertirse en una especie de filosofía, como si fuera lo más natural: “La justicia es para los de ruana”; “El rico no pierde sino el alma y las hijas de los pobres”; “Si a un pobre lo ves comiendo de un rico en su compañía, el rico le debe al pobre o es del pobre la comida”; “La cuerda se revienta por lo más delgado”...
Desde hace varias décadas se destapó en el mundo una ola de organizaciones criminales, vinculadas al tráfico de armas, a la extorsión, a la usura, al contrabando, al despojo de tierras y al narcotráfico. Este último, para ubicar el comentario en un solo tema, tiene tres actores principales: el productor, el intermediario comercial y el consumidor. De los tres, el que se lleva la parte del león, o lo más pulpo de la presa, es el comercializador, que utiliza a humildes campesinos para que le produzcan materia prima y explotan la debilidad de los viciosos (realmente, enfermos), valiéndose de todos los medios para crear “nichos de mercado”, algunos tan infames como enviciar niños para formar consumidores. Y establecer cadenas de microtráfico, que pueden camuflarse en hogares, ventas callejeras, correos virtuales, bares, discotecas...
Pero cuando se prenden las luces de la moralidad farisea, legisladores, jueces y fuerza pública cargan sus procedimientos restrictivos y sancionatorios sobre campesinos cultivadores, que muchas veces lo hacen con un fusil en la nuca, y ganan apenas lo suficiente para malvivir; y consumidores, que por estar en permanente traba ni cuenta se dan de cuándo los metieron a la guandoca y por qué. Mientras tanto los otros, los “empresarios”, acumulan riquezas extravagantes, corrompen a la juventud, vinculándola a sus organizaciones; mantienen bancadas propias en los cuerpos colegiados, que legislan a su conveniencia; quitan y ponen mandatarios; y permean la justicia.
Una noticia reciente da cuenta de que las autoridades colombianas se proponen atacar con todos sus recursos a las organizaciones narcotraficantes, destruyéndoles laboratorios; expropiándoles fincas, urbanas y rurales; taponándoles rutas de comercio; y desenterrando las guacas que tienen en paraísos fiscales, para incautarles sus depósitos. Ojalá la iniciativa prospere, pero funcionarios administrativos, jueces y militares, tienen que prepararse para enfrentar demandas y amenazas de toda clase, lo que incluye calumnias, testigos falsos, anónimos por debajo de las puertas de sus residencias y “control político”, orquestado por los “representantes” de las mafias.
En contraste con lo anterior, a las autoridades de los Estados Unidos se les ha ocurrido la brillante idea de solicitar la extradición de los cultivadores de coca y marihuana, porque la cuerda se revienta por donde la masca la perra, que es la parte más débil.