Don Simón Díaz Osorio, el genial profesor del Instituto Universitario de Caldas, y de otros establecimientos educativos de Manizales, por espacio de 40 años y hasta finales de la década del 60 en el siglo XX, decía algo que de vez en cuando invoco en estas páginas, porque jamás pierde vigencia: "Los colombianos somos muy brutos, porque estudiamos de todo y no aprendemos nada". Se refería el querido maestro a las ideas "originales" y a los "estudios profundos", que son recurrentes sobre algunos temas, infinidad de veces debatidos y otras tantas "legalizados" y, en la práctica, jamás convertidos en hechos evidentes. Uno de ellos, y el más sensible, es el de la tierra.

Uno de los puntos de la agenda en el proceso de paz que se adelantan en La Habana, sobre el que ya, supuestamente, hay acuerdo entre las partes, es el de la tierra. Hasta donde se entiende, la guerrilla devolverá a los campesinos la tierra que les arrebató y el gobierno legalizará los títulos, otorgará créditos blandos y prestará asesoría técnica, para que el campo vuelva a producir, y sea negocio para quien lo trabaje. Además, se construirá la infraestructura vial necesaria, para facilitar la comercialización de los productos, porque hay territorios desde los cuales no da flete ni el oro, para sacarlo a los mercados de consumo. Si no estamos muy despistados, eso mismo se convino con las Auc, y el asunto se enredó en una telaraña de testaferros e intermediarios, además de que los tenedores de mala fe de las tierras crearon grupos de sicarios para asesinar a quien se atreva a reclamar lo que es suyo. De modo que los jefes paramilitares, poderosos terratenientes, pagan unos pocos años de cárcel, según lo acordado cuando entregaron las armas, y salen a disfrutar los latifundios que formaron desplazando a sus legítimos propietarios. ¿La historia con la élite guerrillera irá a ser la misma? ¿O Romaña y similares, en un acto de contrición perfecta, devolverán la tierra que arrebataron a sus dueños? ¿Y los procesos de extinción de dominio algún día tendrán fallo definitivo?

Quien se asome a la historia de los gobiernos del radicalismo liberal, en el siglo XIX, posteriores a la Constitución de Rionegro, se encontrará con una hermosa frase, protocolizada en leyes: "La tierra para quien la trabaje", que nunca fue efectiva, porque los terratenientes liberales y conservadores, y la Iglesia Católica, poseedora de vastos territorios, se encargaron de que las leyes se quedaran en letra muerta.

Después, en el segundo gobierno de la República Liberal, entre 1934 y 1938, que presidió Alfonso López Pumarejo, se estableció la reforma agraria, contenida en la Ley 200 de 1936, según la cual la propiedad privada debe cumplir una función social. Los mismos que se nombraron arriba (liberales, conservadores y curas) tacharon a López de comunista, llevaron su oposición hasta la violencia y el cuento se quedó en eso, en cuento. La historia de la otra reforma que intentó Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), y el Incora que creó, son más de lo mismo. Pero se sigue estudiando el asunto, ¿cierto, don Simón?