Por cuenta del Ministerio del Interior, se anuncia tardíamente la adopción de medidas de control contenidas en la Ley 1445 de 2011, que modificó la Ley del Deporte, contra los desmanes de las famosas “Barras” de Fútbol. Pero dos años antes, la Ley 1270 de 2009, había creado la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol (CNSCCF), que a juzgar por su composición sumarían más de treinta personas, todo un microcongreso, y a la cual invitaron recientemente al alcalde de Manizales. 
El rimbombante nombre de la comisión dista absolutamente de los hechos permanentes, no sólo en la ciudad sino en el exterior, protagonizados por algunos de los apasionados seguidores de los clubes profesionales de fútbol. Por eso, es común decir que si quiere que algo no funcione, cree una comisión: literal. Pero el problema no termina ahí: anunció el ministro Cristo, que se pretenden instaurar cámaras de seguridad, sistemas tecnológicos biométricos y carnetización de los barristas para contribuir a la seguridad. La pregunta es, ¿y de dónde saldrá la platica?
Desde 1989, el Gobierno inglés combatió a los famosos “hooligans” haciendo que los clubes como dueños del espectáculo, invirtieran en tecnología, carnetización, grupos de seguridad y los famosos puntos “bonus” que estimulaban y premiaban a los clubes que realizaran acciones eficaces para contrarrestar la violencia en los estadios, algo similar a lo que se viene aplicando en los estadios chilenos. Por su parte el Estado, endurecería las penas y pondría tras las rejas a estos delincuentes.
En el caso colombiano estamos lejos de alcanzar esos propósitos, mientras se sigan entregando los estadios que son bienes públicos, la gran mayoría, para la explotación comercial y particular de los mismos, sin recibir nada a cambio, y otorgando adicionalmente exenciones a los impuestos que se causan por los espectáculos que allí se realizan, sin atender a ningún criterio que pueda considerarse racional.
Y ahora resulta que el mal comportamiento de algunos hinchas pretende, adicionalmente, mermar las finanzas del municipio. No le corresponde al Estado asumir los costos en que debe incurrir el dueño del espectáculo para garantizar la seguridad de sus asistentes, así se trate de interés público. Por eso, aguardamos que la capacidad de negociación del alcalde, sea en condiciones de igualdad y sin amilanarse, haciendo valer y respetar lo que verdaderamente es de todos y no se sigan entregando los mejores escenarios deportivos en provecho exclusivo de clubes con fines netamente lucrativos. Los equipos profesionales de fútbol se resisten a asumir sus responsabilidades frente a estos hechos y, peor aún, le han hecho creer a los gobernantes locales y estos se han comido el cuento, que la seguridad no es su obligación.
Una explicación seria y argumentada sobre lo que viene ocurriendo alrededor de los estadios la presentan los ilustres periodistas brasileños Ribeiro, Cipolini, Azenha y Chastinet en el libro “El Lado Sucio del Fútbol” (Planeta, 2013), con prólogo del mundialista Romario, deja en evidencia cómo las organizaciones de fútbol profesional han sabido sacar ventaja de la debilidad de las instituciones públicas, a quienes prácticamente doblegan a sus intereses. Y eso que la confesión del expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya ante la justicia norteamericana se produjo solo el pasado 12 de noviembre, por los delitos de fraude en transferencia bancaria, conspiración de soborno y haberse aprovechado según la unidad investigativa de El Tiempo, de 517.000 dólares.
La fijación en las “barras”, se ha convertido en el mejor distractor que no permite avizorar el verdadero problema que hay de fondo, frente al deporte más popular del mundo.