“Mucho más que las del monte, las violencias que nos están matando son las de la calle.” Esa afirmación sintetiza, en buena medida, el diagnóstico del informe producido en 1987 por la Comisión de Estudios sobre la Violencia convocada por el presidente Virgilio Barco y por Fernando Cepeda, su ministro de Gobierno (así se llamaba en ese entonces al Ministerio del Interior). Esa comisión estaba conformada por un grupo de expertos quienes, a partir de ese trabajo, empezaron a ser llamados “violentólogos”: Una etiqueta que el profesor Jefferson Jaramillo, autor del libro “Pasados y Presentes de la Violencia en Colombia: Estudio sobre las Comisiones de Investigación (1958-2011)”, califica como “desafortunada y simplificadora”. 
Eran tiempos difíciles. En un artículo publicado por la revista Criminalidad de la Policía Nacional, Catalina Bello señala que la tasa de homicidios en Colombia pasó de 25 homicidios por cada cien mil habitantes en 1974 a 79 homicidios por cada cien mil habitantes en 1991. El presidente Barco se encontró, al llegar a la presidencia en 1986, con un panorama dantesco configurado por el auge de los carteles del narcotráfico y el incremento de la violencia criminal asociada a la delincuencia común y a la delincuencia organizada. Esta situación condujo a la Comisión de 1987 a plantear el problema colombiano en plural: las violencias. 
Muchas de esas violencias han estado históricamente entroncadas con el conflicto armado. Por ejemplo, existen estudios que demuestran el papel que la violencia intrafamiliar ha desempeñado en el aumento del reclutamiento de menores de edad por parte de guerrillas y otros grupos armados. También hay investigaciones que han encontrado cierta correlación entre la violencia escolar y la presencia de actores armados en los municipios. No pocas veces, las guerrillas han contratado bandas de delincuencia común para llevar a cabo algunas operaciones en las ciudades o encargar secuestros. Violencia social y guerra no han sido ajenas entre ellas pero sí han tenido dinámicas diferenciadas. 
Cuando la Comisión de 1987 publicó su informe “Colombia: Violencia y Democracia”, las violencias habían eclipsado en cierta medida a la guerra. No obstante, esta venía en el proceso de intensificación que daría lugar al escalamiento dramático del conflicto armado en la década de los noventa. Luego, en esa década y en lo que llevamos de este siglo, la guerra asumió el protagonismo en varias etapas que se pueden sintetizar esquemáticamente así: crecimiento militar de las guerrillas y sus intentos de transitar hacia una guerra de posiciones durante el gobierno de Samper, los frustrantes diálogos del Caguán durante la administración Pastrana, el Plan Colombia, la política de la “seguridad democrática” y el proceso de paz en La Habana. 
Ahora nos encontramos ante la posibilidad inminente de firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Se trata de un acuerdo trascendental para terminar el conflicto armado (aunque todavía queda pendiente la cuestión del Eln). Como lo expliqué en mi columna “Réplica a Alberto Carrasquilla” publicada en LA PATRIA el 7 de noviembre de 2015, a pesar de todos los retos e incertidumbres relacionados con la implementación de los acuerdos de La Habana, el tránsito de las Farc, de movimiento guerrillero a movimiento político no armado, es condición necesaria para que los colombianos vivamos en paz. Pero ciertamente, no es condición suficiente. A pesar de que la tasa de homicidios en el país regresó en 2015 a la misma cifra de 1974, persisten múltiples manifestaciones de violencia cotidiana -que se expresan no solo en términos de homicidios- y que no van a desaparecer con la firma de un acuerdo de paz. De hecho, la tasa de homicidios aún está muy por encima de su umbral epidemiológico (diez homicidios por cada cien mil habitantes), lo que refleja la persistencia de hondas fracturas sociales que no se van a resolver en La Habana. Según “Manizales Cómo Vamos” la tasa de homicidios en la ciudad en 2015 fue de 22,7 por cada cien mil habitantes. Inferior al indicador nacional pero todavía preocupante. Hace días, LA PATRIA publicó la noticia de un tendero asesinado en Manizales por el cobro de un dulce de 500 pesos. Nos matamos más por cosas baladíes que por ideologías o grandes diferencias.