En Manizales existe una amplia tradición de financiamiento de las obras públicas a través del sistema de valorización. Se trata, en términos muy sencillos, de distribuir el costo de las obras, dividiendo el valor de las mismas entre una porción importante de los propietarios de suelo que pueden resultar beneficiados. De hecho, Manizales se ha destacado a nivel internacional como un “modelo” en este sentido, pues los ciudadanos han aceptado dócilmente el pago de este instrumento, bajo el simple argumento de que “las obras se ven”. En otras ciudades ha sido objeto de múltiples resistencias ciudadanas, al punto que las alcaldías han optado por otras fuentes de financiación. 
Hay varios hechos que están cambiando las relaciones de consenso en el cobro de valorización. Por un lado, muchos proyectos, casi siempre asociados a la movilidad, han dejado de ser públicos para tener un claro origen y beneficio privado. Por otro, la legislación colombiana incorporó otros instrumentos adicionales, asociados al reparto equitativo de cargas y beneficios y a la función social de la propiedad, como el cobro de la plusvalía urbana. Adicionalmente, los ciudadanos han perdido la confianza en los gobernantes porque la construcción de obras se convirtió en una nueva fuente de “corrupción legal”, tan generalizada y ramplona como el reciente caso de Odebrecht que salpica a la alta dirigencia política (parte de la cual ya seguramente logró la financiación de la próxima campaña electoral); o como en el caso de Bogotá, donde los “delfines” de la casa Moreno-Rojas con poses de librepensadores hicieron del presupuesto público una piñata; o como en las regiones, con el famoso “CVY” del 15% o más que se le incorpora a toda la contratación pública para poder ser “competitivos”, reconocido en medios de prensa por el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura como práctica consuetudinaria.
Semejante sinvergüencería debería sacudir a la opinión pública para exigir verdaderos castigos a sus promotores y beneficiarios. Sin embargo, ni el Congreso ni el aparato de justicia parecen tener las condiciones éticas para garantizar una aplicación oportuna y justa de la ley. El ejemplo de Rumanía es aleccionador. Los ciudadanos se tomaron decididamente las calles para exigirles a los congresistas que por lo menos desmontaran las leyes que hacían más leves los castigos a la corrupción. Y no regresaron a sus casas hasta no alcanzar tales propósitos. En efecto, solo la ciudadanía tiene el poder de transformar las prácticas delincuenciales de élite, vueltas costumbres, en una sociedad global que ha hecho trizas la ética y la honradez como virtudes individuales y colectivas. 
En Manizales, resulta muy curiosa y hasta exótica la ya histórica resistencia de los partidos de gobierno para incorporar el acuerdo sobre el cobro de plusvalías al bloque normativo para la gestión urbana municipal. El verdadero propósito con la aplicación de la llamada “plusvalía social” es lograr una recuperación parcial de los mayores valores generados en la propiedad privada por la acción del Estado, y sin que al privado le haya costado el más mínimo esfuerzo, para poder redistribuirla solidariamente al conjunto de los vecinos. Pero hasta ahora, la lógica ha sido a la inversa: distribuir solidariamente entre los ciudadanos los costos de la infraestructura que requieren los privados para garantizarles la apropiación de la plusvalía urbana sin que hayan aportado el más mínimo esfuerzo. 
Es justamente modificando esta lógica perversa, que se puede lograr equidad, inclusión y derecho a la ciudad. Es otra forma de combatir la “corrupción de Estado”. Es logrando una participación muy activa de la sociedad para evitar que predios estratégicos de la ciudad, como el sector de la Baja Suiza, por ejemplo, se hubiesen entregado a los privados a unos precios ridículos sin tener en cuenta hechos generadores de plusvalía, tales como, el proceso de integración inmobiliaria que duró más de 20 años, o los cambios normativos que le permitirán a los desarrolladores obtener ganancias extraordinarias derivadas de otorgar un mayor índice de edificabilidad, entre otros. 
Ahora se ha abierto un nuevo frente de injusticias con el intercambiador vial de La Carola. Los más pobres financiando las obras que beneficiarán a los almacenes de cadena, cobrados en nombre del interés general.