Definitivamente, el hecho económico más importante de esta semana es el inicio del debate en el Congreso de la República para la aprobación del presupuesto del Gobierno nacional del próximo año. Y lo es por las particulares condiciones que enfrenta hoy la economía colombiana con una inflación muy por encima de la esperada, que ha llevado al Banco de la República a encarecer el costo del dinero con una subida considerable de la tasa de interés, cuyos efectos ya empezamos a sentir los colombianos endeudados con los bancos que, entre otras cosas, somos la mayoría.
Y contrasta todo lo anterior con la difícil situación que enfrenta el Gobierno para tapar el ‘huequito’ que le dejó la venida a pique del precio del petróleo y la consecuente caída de los ingresos de las grandes empresas petroleras que se tradujo en menores utilidades de estas y por consiguiente menos impuestos y bajas transferencias para el Estado. Y sumado a ello, el mayor pago de intereses por concepto de la deuda externa que se vio incrementada por el alza del dólar.
Todo lo anterior hace prever que el análisis al presupuesto nacional por el Congreso de la República tendrá que ocuparse, sí o sí, de resolver el lío de las finanzas públicas, cuyas repercusiones impactan a una economía que se debate entre la desaceleración y la incertidumbre.
Conviene entonces mirar con lupa las cifras del presupuesto para el 2017, tasado por el Ministerio de Hacienda en $224,4 billones y cuya característica primordial se traduce en la necesidad de combinar tres estrategias para lograr cuadrar las cuentas: i) Mayor déficit, es decir, que se dan al dolor con una parte del faltante; ii) Menores gastos, lo que debería implicar el congelamiento de la nómina, austeridad en los gastos generales y aplazamiento de algunas inversiones; y iii) El trámite de una nueva reforma tributaria para subir impuestos. 
Ahora bien, desde el punto de vista de los ingresos, no deja de preocupar que de cada $100 que el Gobierno espera recaudar el año entrante, $53 provendrán de los impuestos que pagaremos todos los colombianos y $18 de las nuevas deudas que adquirirá con bancos nacionales y extranjeros. El resto de ingresos están representados en otros recursos de capital, fondos especiales e ingresos de los establecimientos públicos nacionales.
Y por el lado de los egresos, de cada $100 se gastarán $15 en personal y funcionamiento, $21 en transferencias a municipios y departamentos, $17 en el pago de pensiones, $24 para atender la deuda pública ($13 en intereses y $11 en abonos a capital) y $15 se destinarán a inversión. 
Obsérvese desprevenidamente un solo hecho, entre muchos. De cada $100 que espera recibir el Gobierno nacional el próximo año, $18 provendrán de nuevas deudas, mientras que de cada $100 que espera gastar, $24 se destinarán al pago de las ya existentes. Es decir que por un lado nos prestarán $18 y por el otro le pagaremos a los bancos $24 de los cuales $13 son intereses y $11 abono a capital. Eso es como si pagáramos la cuota de la tarjeta de crédito con un nuevo ‘tarjetazo’. 
En fin, basta mirar la poca flexibilidad de las cuentas nacionales del próximo año, para entender la obligatoriedad que le asiste al Gobierno nacional de tramitar este año la reforma tributaria, la misma que apunta, según el anuncio del Ministro de Hacienda y del propio presidente de la república, a bajarle la carga tributaria a las empresas. Lo que lleva a preguntarnos entonces, ¿a quién le subirán los impuestos? Blanco es…