Cero justicia. A este nivel se ha llegado, como lo confirman los últimos acontecimientos en esta rama del poder público, como consecuencia de un sistema en crisis y que el establecimiento no ha tenido la voluntad política de enfrentar. El reciente escándalo de la Constitucional refleja lo que hace buen tiempo ocurre en las otras cortes, evidenciándose cómo quienes imparten justicia se mezclan en reuniones, homenajes, clubes y en sus propias casas, con quienes representan la contraparte. También en los despachos se atienden a los abogados interesados en fallos de trascendencia, rompiendo con cualquier sentido de la ética en el ejercicio de la magistratura.

Se llegó a la desnaturalización de la tutela como mecanismo excepcional para hacer efectivos los derechos fundamentales. Se destapó el perverso mecanismo para escoger revisión de sentencias de tutelas que tienen que ver directamente con intereses económicos en litigios de empresas o personajes con poder, que para nada tienen que ver con el derecho a la vida, la salud o la pensión de un desprotegido colombiano, demostrando la inseguridad jurídica total al no existir un claro mecanismo de cierre de tutelas. Se corrobora además la impunidad de los aforados en la inoficiosa Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Se suma este caso a la política judicializada y la justicia politizada, los falsos testigos, veíamos la semana pasada con lo que ha ocurrido con el exsenador y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos que lleva muchísimos meses privado de la libertad y aparece el falso testigo confesando su culpabilidad, y ahí sí no hay diligencia para resarcir el daño causado.

Se suma la vulneración al debido proceso y de valoración de pruebas que terminan en un show de justicia mediática tan propios de esta Fiscalía, en un entramado en el que la verdad es la gran ausente. En La Habana las Farc pregonan y exigen impunidad, mientras los negociadores buscan como darla; entre tanto la justicia en las Cortes se derrumba cual cartel de la contratación, denunciándose unos a otros. Y es que en este país basta con apoyar la impunidad para los narcoterroristas de las Farc, para que un alto funcionario del estado se convierta en tramitador de comisiones, en un carnaval de enriquecimiento ilícito que permea las tres ramas del poder público.

Es evidente que no es posible una transformación de la justicia con futuro en las actuales Cortes, cuyos miembros no tiene interés alguno en reformarse y preocupa el desinterés político en el Congreso para abordar una reforma que los pueda enfrentar con sectores de la justicia. Este Congreso no aprovecha que en la reforma llamada de equilibrio de poderes se puede avanzar en transformaciones profundas en la justicia que produzcan un remezón en las hoy desprestigiadas cortes, mientras el país empieza a reclamar los cambios en una constituyente que a estas alturas y en el escenario que vive el país, sabríamos donde empieza pero no en donde termina.

El gobierno del presidente Santos promovió la fallida y desastrosa reforma a la justicia que los colombianos a través de las redes sociales lograron hacer abortar. Bien valdría la pena preguntarle a quien se ideó esa reforma a la justicia, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, qué piensa de lo que está ocurriendo con la justicia en Colombia. Tampoco el vicepresidente habla sobre el tema de impunidad con las Farc. Pero eso sí, en horario triple A y en cadena nacional salió el príncipe del cinismo a hablar de traidores a la Patria, de ética, de lucha contra la corrupción y de transparencia para reformar la justicia; mientras simultáneamente en el congreso debatíamos la crisis y brillaban por su ausencia sus senadores. Me ratifico: la gran crisis de nuestra querida Colombia se debe básicamente a que quien rige los destinos de la Nación no es una buena persona; es por el contrario un ser infinitamente perverso.

Hoy son los hechos al interior de las Cortes los que han evidenciado que el proyecto gubernamental de equilibrio de poderes no ofrece ninguna solución a la crisis de la justicia. Desde el Centro Democrático hacemos un llamado al país para que se convoquen todos los sectores representativos de la sociedad colombiana que puedan aportar soluciones de transición en esta coyuntura que conduzcan a que el pueblo colombiano apoye y legitime una profunda reforma a la justicia, pero que además impida que este gobierno trate de aprovechar esta crisis para buscar la consolidación del régimen imponiendo sus allegados en todas las instituciones judiciales con el apoyo amenazante de la Fiscalía General de la Nación.