Afortunadamente, se suspendió la aprobación de la Ley de Licores que pretende desmontar el monopolio del Estado sobre los licores en Colombia. Al establecer que el monopolio puede ser ejercido por terceros y que no se pueden imponer restricciones a productores e importadores de licores, la ley busca imponer la libre competencia en el sector, sistema opuesto al monopolio que constitucionalmente ejerce el Estado a través de las gobernaciones.

La Ley es descaradamente inconstitucional, tanto así, que pese a que la Corte Constitucional ha señalado que el único titular de los monopolios rentísticos puede ser el Estado, el presidente Santos y el ministro Cárdenas se empeñan en impulsar un articulado cuyo principal propósito es sacar a los gobiernos departamentales del negocio, en beneficio de los privados. El objetivo es forzar el cierre de las industrias licoreras estatales y entregarle el sector a grandes trasnacionales, que se babean por el negocio que están a punto de controlar. Poco les ha importado a Santos, Cárdenas y los gobernadores que apoyan este proyecto, que las industrias licoreras nacionales le transfieran anualmente a los departamentos más de 2 billones de pesos en impuestos y utilidades, destinados preferentemente a los sectores de salud y educación.

No hay dudas de que la ley fue redactada en beneficio de las dos trasnacionales de licores más grandes del mundo: Diageo y Pernod Ricard. Es tan evidente esto que el inicio de este debate se dio después de la reunión que sostuvieron el ministro Cárdenas y el jefe máximo de Diageo, Iván Menezes, en enero de 2015 durante el Foro Económico Mundial de Davos. A partir de allí inició la ofensiva gubernamental para realizar esta reforma, pretendiendo incluirla primero en el Plan Nacional de Desarrollo, y ahora, a través de la Ley de Licores. Ambos intentos se han dado bajo la premisa de que Colombia bajo el actual sistema de licores incumple compromisos pactados en los TLC, argumento que ha sido ampliamente desvirtuado, incluso por los jefes negociadores de Colombia en estos acuerdos.

Las dos empresas a las que Santos quiere entregarles el mercado nacional de licores no son precisamente monjitas de la caridad. Alrededor del mundo Diageo y Pernod Ricard han sido acusadas y condenadas por evadir impuestos, realizar sobornos y ejercer el contrabando. Así lo comprueban las multimillonarias multas que han debido pagar por estos delitos en Turquía, Estados Unidos, Corea del Sur, Tailandia, China y otros países.

Para no ir muy lejos, estas trasnacionales fueron demandadas en 2004 por la República de Colombia y todos los departamentos ante una corte en Nueva York, por contrabando, lavado de activos y evasión de impuestos. El gobierno tuvo elementos suficientes para considerar que estas empresas eran las principales impulsoras del contrabando en el país, al punto que señaló en la demanda que “a la vista de una competencia tan ilegal y desleal, a raíz del diseño y propósito del esquema creado por las compañías, es imposible para las empresas domésticas legales, producir y competir libremente.”. Debido a las evidencias, el entonces gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, señaló que no debía permitirse el ingreso de productos de estas empresas “porque las finanzas de los Departamentos están siendo seriamente afectadas por el contrabando de licores y son las multinacionales las que tienen las herramientas para frenar esta situación”.

Inauditamente, el gobierno de Juan Manuel Santos retiró la demanda en 2013, no ha buscado que estas empresas paguen lo que le han dejado de tributar al país, cifra que se calcula en $1,5 billones de pesos anuales, y ahora pretende premiarlas con una ley diseñada para satisfacer sus deseos.

Los colombianos estamos a tiempo de defender la industria licorera nacional y de impedir que las trasnacionales destapen champaña porque se apropiaron de un patrimonio público que ha beneficiado a todos los colombianos.