Mucho malestar ha causado en Manizales el cobro de valorización por las obras que se realizarán en dos sectores de la Avenida Kevin Ángel. Más de 15.000 dueños de predios en 15 barrios de la ciudad tendrán que pagar 21.000 millones de pesos a raíz del aceleramiento de estos proyectos por la inminente apertura del centro comercial Mall Plaza, el cual incrementará considerablemente el flujo de vehículos, peatones y vendedores en la zona.
En este caso, tal y como ha sucedido con otros proyectos en las últimas décadas, el argumento central para realizar el cobro de valorización es el mayor valor que tendrán los predios de la zona de influencia de las obras, el cual podrá ser captado por los dueños cuando vendan la casa. Esta premisa es errada de cabo a rabo ya que la mayoría de propietarios no tienen la menor intención de hacer negocios con sus casas, por el contrario, ellos y sus familias han hecho importantes esfuerzos para poseer un inmueble que les permita vivir tranquilamente durante muchos años. Caso contrario es el de los inversionistas chilenos dueños del nuevo centro comercial ya que ellos aprovecharán las obras viales para mejorar el acceso a su negocio y se beneficiarán con el mayor valor de los predios para incrementar el precio de venta de los locales comerciales. Señalar que el Mall Plaza hará un gran aporte mediante el pago de 2.500 millones de pesos por concepto de valorización es desconocer que dicha retribución será recuperada después con las ganancias que obtengan, mientras los propietarios de las casas tendrán que comer menos, transportarse menos y vestirse menos para realizar un pago que probablemente nunca vean recompensado.
El cobro de valorización llega además en un pésimo momento para las familias manizaleñas y después de un proceso mal orientado por el Invama. Al incremento del IVA y el pírrico aumento del salario mínimo, hay que sumarle el posible aumento del predial hasta en un 25%, el alza en las busetas del 8,8%, la época escolar que incrementa los gastos del hogar y en general una situación económica más complicada que la de años anteriores. La realidad socioeconómica de las personas no es un aspecto menor en este debate, más aún cuando más del 67% de los predios a los que se les está cobrando valorización pertenecen a estratos 2 y 3.
La inconformidad con este cobro crece porque además de la imposición de una nueva carga económica para las familias, el Invama no ha llevado a cabo acciones acertadas. Las quejas frecuentes han sido la falta de socialización previa sobre las obras y los montos de pago, la escasa información brindada por los funcionarios de la entidad a la comunidad sobre los procedimientos que pueden efectuar si no están conformes y el desconocimiento generalizado de los estudios de instituciones universitarias e inmobiliarias, que han servido como base técnica de este proceso.
Los habitantes de Manizales no se oponen a obras que podrían mejorar la movilidad de la ciudad sino a la forma en que se reparten las cargas para el pago de éstas y a la falta de consideración con una situación económica muy delicada para la mayoría de familias. Mientras se discuten mecanismos más equitativos y técnicos para realizar obras de infraestructura vial, como el cobro de plusvalía urbana, el Invama y la administración municipal deben hacer un alto en el camino, revaluar el proceso y dialogar con las comunidades, en aras de que se disminuyan los montos, se amplíen los plazos y se incremente el porcentaje de descuento para los propietarios.