La discusión entre trabajadores, gobierno y empresarios para concertar el salario mínimo del año 2016 ha tenido como telón de fondo la crisis económica que afronta el país, cuyos detonantes fueron la caída de los precios del petróleo y el incremento del dólar, razón por la cual se han encarecido los productos de la canasta básica familiar, se ha afectado seriamente la capacidad adquisitiva de los colombianos, se han cerrado miles de empresas y se han generado recortes en el presupuesto de la nación. 
Ante esta situación, el gobierno y los empresarios han repetido el mismo guión de siempre, al asegurar que un salario mínimo alto pone en riesgo la generación de empleos nuevos, incrementa el desempleo y eleva la inflación. La tesis del gobierno y de los empleadores contraría la experiencia internacional y está cimentada en el falso dogma que concibe al trabajo como un costo más o una carga en la nómina y no como lo que realmente es, una actividad que genera riqueza y que dinamiza la economía nacional. 
La Organización Internacional del Trabajo reconoce la importancia de los salarios en la lucha contra la desigualdad en el mundo. En el Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 (Ginebra, 2015), la OIT señala que a pesar del crecimiento de la informalidad en los países con economías emergentes y en desarrollo, el salario representa más de la mitad de la renta familiar, constituyéndose en el principal ingreso de millones de personas alrededor del mundo. Es por ello que en países como Argentina y Brasil, el efecto de la consecución de empleo y los buenos salarios han determinado respectivamente el 78% y el 73% de la reducción de la desigualdad en la clase media. En Brasil, entre 2001 y 2012 los salarios del 10% más pobre aumentaron más que los del 10% más rico, lo que ha contribuido a cerrar la brecha entre unos y otros. 
La experiencia señala que salarios altos, sumados a políticas sociales y tributarias adecuadas, reducen los índices de desigualdad de los países. Sin embargo, a contrapelo de las enseñanzas de estas y otras naciones que han logrado mayor igualdad en los últimos años, en Colombia se sigue planteando que es una locura fijar un aumento del salario mínimo por encima de la inflación general que se ubicó en 6,39%, a pesar de que los trabajadores han tenido que padecer una inflación en los alimentos mucho más alta, que se ha materializado en incrementos del 60% en el fríjol, el 40% en las hortalizas, el 10% en el pollo y el 7% en el huevo. 
Es por ello que no sorprende que la desigualdad en el país siga creciendo y que la distancia entre ricos y pobres sea cada vez mayor. Según Oxfam, el 1% más rico de los colombianos concentra el 20% de los ingresos del país y los multimillonarios criollos ganan 3.695 veces más que el 20% más pobre (Privilegios que niegan derechos, 2015), lo que configura un círculo vicioso que solo favorece a un puñado de personas, mientras el 58% de los trabajadores que ganan un salario mínimo deben mendigar un incremento que les permita medianamente mitigar sus necesidades y las de sus familias. 
Como en la película norteamericana, la fijación de un incremento al salario mínimo menor al solicitado por los representantes de los trabajadores, configuraría un juego siniestro en el que contrario a dotar de salarios dignos a los trabajadores para que mejoren su vida, se les otorgarían remuneraciones de hambre para que muy pocos sobrevivan. Este es otro caso en el que la realidad supera a la ficción, ya que en Colombia año a año se juegan los verdaderos Juegos del Hambre.