En las últimas semanas, el ambiente de incertidumbre e intranquilidad se recrudeció en Marmato. A los enormes obstáculos que han tenido los mineros para conseguir madera y explosivos en los últimos años, se sumó la orden de cierre de dos minas ubicadas en el corazón de la población, a través de un operativo policial con más de 1.000 agentes, decenas de vehículos y hasta helicópteros. 
Las protestas, los diálogos con las autoridades, la mediación del gobierno departamental y la oportuna solidaridad regional y nacional, ayudaron a superar momentáneamente el suceso y lograron que el operativo se pospusiera indefinidamente. A pesar de esto, no hay razones para creer que este tipo de conflictos estén superados totalmente en Marmato. 
A raíz de la modificación del Código de Minas en 2001 y desde que varias multinacionales canadienses llegaron a Marmato, han existido tres tipos de disputas. La primera y la más aguda, es una controversia antagónica: las multinacionales desean realizar minería a cielo abierto y los pequeños mineros luchan por mantener la pequeña minería como eje económico, social y cultural de la población. La segunda tiene que ver con los derechos de propiedad de un centenar de títulos mineros ya que existe controversia sobre el dueño de los mismos. Y la tercera, es la discrepancia sobre las áreas de varias minas, ya que los mineros tradicionales alegan que la multinacional ha sobrepasado sus linderos en muchas zonas y la multinacional acusa de lo mismo a los trabajadores locales. Este último caso es el de las dos minas que se pretendían cerrar. 
La ejecución de un proyecto de minería a cielo abierto en Marmato implica el fin de la pequeña minería y el desplazamiento de toda la población. Por esta razón -con excepción del gobierno nacional y las multinacionales-, la oposición a una explotación ambiental, social y económicamente depredadora, ha sido casi absoluta. La permanente movilización y las acciones que los marmateños han emprendido, fueron determinantes para lograr, entre otras cosas, que la Gran Colombia Gold anunciara en diciembre de 2014 que renunciaba a un proyecto de este tipo, por lo menos en el corto plazo.
En gran medida, el freno a la minería a cielo abierto es lo que le cobran hoy a los marmateños. Es por esto que la multinacional ha agudizado el enfrentamiento jurídico contra los pequeños mineros, buscando desalojar a miles de ellos de las minas que vienen trabajando hace años. Existen órdenes judiciales para desalojar cerca de 35 minas porque el título supuestamente pertenece a la multinacional. Estas órdenes desconocen las denuncias que por años ha venido realizando la comunidad de Marmato, en las que señalan que las últimas multinacionales no han trabajado estas minas por años y por ende sus derechos de propiedad se han extinguido, tal y como lo señala el artículo 29 del Código de Minas. 
Esta situación podría ser más grave porque al parecer la multinacional paga trimestralmente regalías a pesar de no estar explotando oro, lo que llevaría a cometer errores a servidores públicos, con lo que podrían configurarse varios delitos. Sería la ilegalidad sobre la ilegalidad y el colmo de la permisividad de la autoridad minera nacional. A pesar de su dureza, estos intentos por acabar con Marmato no han surtido el efecto que el gobierno nacional y las multinacionales desearían. La intención de diálogo y concertación de la comunidad de Marmato es permanente, sin embargo, los pequeños mineros deben ser conscientes de que si no se modifica estructuralmente el sistema minero vigente y los gobiernos siguen actuando para favorecer a las multinacionales en lugar de ponerse la camiseta de los trabajadores y empresarios nacionales, las disputas y los conflictos continuarán.