Como parte del paquetazo económico que ha empezado a ejecutar el presidente Santos, se plantea que urge incrementar la tarifa del IVA del 16% al 19% para intentar paliar la crisis económica y atender las exigencias de la OCDE. Esta medida intenta sumarse al pírrico aumento del salario mínimo y el alza en las tarifas de energía, y pretende ser complemento de otras acciones gubernamentales como la venta de Isagén, el incremento de la edad para pensionarse, la ampliación de la base gravable del impuesto de renta para personas que ganen 2,3 salarios mínimos, entre otras. 

La propuesta conserva el espíritu oficial de los últimos 25 años: mantener los privilegios de los poderosos mientras se despoja a las capas medias y bajas de la población. Es la lógica de apretarle el cinturón a los menos pudientes, no con el objetivo de resolver la crisis de fondo sino de solventarla momentáneamente en beneficio de unos pocos.

El IVA es por definición uno de los impuestos más regresivos e inequitativos que existen. Grava por igual el consumo de ricos y pobres sin que se tenga en cuenta el nivel de ingresos o de ahorro, es decir, una persona que gana 20 salarios mínimos al mes, tiene propiedades y puede ahorrar, paga la misma tarifa que un trabajador que gana 1 salario mínimo, no posee propiedades, no tiene ahorros y tiene deudas. 
A pesar de esto, en Colombia el IVA se ha constituido en una de las principales fuentes de ingresos del Estado. Mientras en 2014 el IVA significó el 26% del recaudo tributario total, en el 2015 ya se ubicaba en el 28%. De hecho, en Latinoamérica el IVA es el único impuesto que se ha incrementado en los últimos años, pasando de una tarifa promedio del 13% en 1995 al 15% en 2010, al mismo tiempo que la tasa promedio del impuesto a la renta disminuyó en la región, pasando del 50% al 28% entre 1980 y 2012 (OXFAM, 2015). 
Elevar la tarifa del IVA constituye un ataque a los más pobres ya que productos de primera necesidad y servicios esenciales que son gravados con este impuesto son fundamentales para suplir las necesidades más básicas de las personas, o sea, no son lujos. Plantear -como lo hace el gobierno- que a productos como el arroz, la leche, los huevos, la carne y el pescado también se les debe aplicar el IVA, implica además castigar a las familias con un doble incremento ya que el precio de estos alimentos ha subido considerablemente en los últimos meses por efecto del alza del dólar.

El propio Banco Interamericano de Desarrollo reconoce la inequidad asociada al cobro del IVA. El BID señala que en Latinoamérica el 20% más pobre dedica un 13,7% del ingreso a pagar el IVA, mientras que el 20% más rico destina apenas un 5,8% de sus ingresos (Recaudar no basta: los impuestos como instrumento de desarrollo, 2012). Esto implica que los más pobres soportan una carga 2,4 veces más alta que los ricos, situación que configura una alta regresividad que en lugar de combatirse, pretende profundizarse. 

Contrasta la actitud dura e inflexible del gobierno con los trabajadores y la clase media, mientras a las compañías mineras y a las grandes transnacionales las trata con guantes de seda. Mientras se pretende poner a los colombianos de a pie a pagar más impuestos, a las grandes empresas les perdonó por este concepto 6,7 billones de pesos en 2014.
A este paso, tocará inventar otro índice para medir la desigualdad en Colombia porque ni el de Gini alcanzará a hacerlo.