Darío Arenas Villegas


En días pasados la Junta Directiva de Assbasalud decidió clausurar el servicio de urgencias del Centro Piloto y fusionar varios centros de salud de Manizales. El fundamento de la determinación es la insostenibilidad financiera de la institución propiciada aparentemente por la reducción del número de pacientes.
La decisión del cierre de urgencias -pospuesta por la falta de un plan de contingencia- afectará a uno de los sectores más vulnerables de la población. El Centro Piloto atiende a ciudadanos de los niveles más bajos del Sisbén y según un estudio realizado por la Universidad de Manizales, el 65,6% de sus pacientes no tienen empleo. Esta investigación también permitió determinar que en este centro el 76,4% de las consultas por urgencias corresponden a situaciones de emergencia real y que 11 de cada 100 urgencias se dan por herida cortopunzante.
Resulta descabellado pretender que los pacientes del Centro Piloto asistan a las clínicas de San Cayetano o La Enea, teniendo en cuenta que la mayoría vive en comunas aledañas y que el común denominador es la falta de plata incluso para costear los pasajes hacia otras zonas. El Centro Piloto atiende el 40,4% de las urgencias a cargo de Assbasalud en Manizales con cerca de 11.000 consultas al año, razón por la cual es falso asegurar que el cierre del servicio no tendrá efectos negativos ya que se recargarán las salas de otros centros de salud, se agravarán las barreras para el acceso y se arriesgarán vidas porque el factor tiempo es esencial cuando existe una urgencia vital.
Por otro lado, la propuesta de fusión de algunos puestos de salud generará dificultades similares. El traslado de 16.000 pacientes de Minitas a San Cayetano hará aún más difícil la atención en esta clínica que deberá recibir parte de las urgencias del Centro Piloto y la fusión de los puntos La Palma, El Carmen y El Bosque provocará que este último centro tenga que acoger más de 57.000 consultas cuando ha venido atendiendo 16.000 al año. Resulta ilógico que estos ajustes y recortes pretendan realizarse en la segunda ciudad de la Red Cómo Vamos con mayor tasa de mortalidad general y en la que el 72% de muertes se dan por causas evitables.
Algo sobre lo que se ha guardado silencio es sobre las deudas que se tienen con la institución. De acuerdo a los estados financieros de Assbasalud, por venta de servicios se le deben $4.570 millones y las deudas de difícil cobro ascienden a $7.403 millones. Esto quiere decir que a la entidad se le adeudan en total $11.973 millones, cifra descomunal si se tiene en cuenta que el patrimonio de la institución es de $8.105 millones. Este hecho hace pensar que son las deudas de las EPS y no la reducción de pacientes, las que tienen a la institución en la situación actual.
El alcalde de Manizales y la Junta Directiva de Assbasalud, en lugar de promover la clausura de servicios y abordar la problemática con una lógica de mercado, deben hacer pública la lista de deudores y cumplir la función de seguimiento y control a los contratos de las EPS con el régimen subsidiado, asignada a las autoridades municipales por la Ley 715 de 2001. En vez de buscar el muerto río arriba, se debe exigir el pago de las deudas de los intermediarios y se debe estructurar la red pública para cubrir las necesidades de salud de la población y no como un negocio.
Una vez más queda claro que se debe construir un modelo de salud diferente al fijado por la Ley 100 que anuló el papel de la salud pública y lo sustituyó por un sistema basado en la rentabilidad, la eficiencia y el asistencialismo.
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