Luego de ocultar durante más de un mes su existencia y obligados a dar la cara ante los cuestionamientos de diputados, distribuidores y congresistas, el Gobernador de Caldas y el Gerente de la Industria Licorera de Caldas reconocieron que desde el 3 de mayo está suscrito un convenio para distribuir y comercializar licores entre Caldas y Antioquia. 

La decisión fue tomada en medio de una carencia absoluta de estudios y sustentos técnicos (que a la fecha siguen sin existir) y a través de verdades a medias, ya que en las reuniones realizadas con distribuidores el 18 de mayo y con los diputados el 9 de junio, los representantes del departamento y la empresa nunca reconocieron que el contrato estuviera firmado. 

El miedo a hacer pública la decisión seguramente corresponde a la poca confianza que da exponerle a la comunidad un pésimo negocio para Caldas. En todos los escenarios en que la Industria Licorera de Caldas se ha enfrentado con la Fábrica de Licores de Antioquia ha tenido resultados deplorables, o para plantearlo en los términos que amerita el ambiente futbolero actual, siempre hemos perdido por goleada. Cuando la FLA entró con sus productos a Risaralda en 2002, la ILC tenía el 78% de las ventas de licores, hoy apenas conserva el 11% del mercado; se pasó de vender 1 millón 700 mil botellas en 2003 a vender en la actualidad unas 200 mil. Similar historia sucedió en Quindío, departamento en el que Caldas tenía el 93% del mercado y hoy apenas posee el 8%; allí se vendían 800 mil botellas en 2004, mientras hoy se venden 95 mil. El panorama en la Costa Caribe ha sido el mismo ya que hoy la ILC tiene una participación menor al 1% del total del mercado en algunos departamentos o ni siquiera distribuye sus productos. Lo que Caldas ha perdido en estos territorios, Antioquia lo ha ganado. 

El error de abrir plenamente fronteras con Antioquia lo comprobó el departamento del Valle años atrás. Las evidentes desventajas competitivas sumadas a prácticas comerciales indebidas, rezagaron a la Industria de Licores del Valle. Esto desencadenó en la terminación del convenio en 2011 por parte del Gobernador del Valle del Cauca ya que según la Contraloría de ese departamento “se habían encontrado evidencias claras de irregularidades en precio y publicidad por parte de la Fábrica de Licores de Antioquia, constituyendo esto en una conducta de competencia desleal, violando disposiciones de ordenanzas vigentes y generando deterioro en las finanzas del Departamento del Valle del Cauca” (Informe de visita fiscal. Subsecretaria de Renta Departamental del Valle del Cauca).

Como lo demuestra un estudio realizado para la Fábrica de Licores de Antioquia, el objetivo de este departamento es comercializar libremente el Aguardiente Antioqueño en Caldas -obteniendo enormes ganancias y provocando seguramente la desaparición de la marca Aguardiente Cristal- y legalizar el contrabando de Ron Viejo de Caldas en Antioquia (Fábrica de Licores de Antioquia: estudio y estrategias de mercadeo en plazas potenciales a nivel nacional, 2015). Poco o nada de beneficios recíprocos o de ganancias para las dos partes. 

Ante estos hechos, es claro que Caldas no soportará una competencia tan desigual. Las cifras lo reflejan: la FLA tiene ingresos 10 veces mayores a los de la ILC, sus utilidades son 74 veces superiores, vende anualmente 60 millones de botellas y controla el 54% del mercado nacional. La supremacía antioqueña sumada al hecho de que el 60% de los consumidores caldenses sustituiría el licor que toma actualmente por otro (Winning Brands & Satisfacción Tenderos. Nielsen Shopper Solutions. Junio, 2016.), indican que poco o nada quedará de la Industria Licorera de Caldas después de la apertura.

Lo que se ha abierto no es una oportunidad económica para Caldas sino la enorme posibilidad de que la Industria Licorera de Caldas desaparezca y que las finanzas departamentales se vean seriamente amenazadas. Después de todo, un buen negocio nunca se hace de afán, sin estudios, al escondido y con engaños.