MARTHA LUCÍA GÓMEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Ludirlena Pérez Carvajal, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado en Caldas, sostiene que trabajan para que las poblaciones acudan el martes -30 de noviembre- a la elección de la nueva Mesa y nueva coordinación.
"Estamos tocando puertas para que nadie se nos quede, y hagamos una buena selección de las personas que vayan a representar los diferentes hechos victimizantes y enfoques diferenciales; también comprendiendo que hay muchos retos y barreras, como la falta de recursos, pero cuando hay voluntad se puede lograr", dice.
Esta elección estaba programada para ayer, pero fue aplazada por la Secretaría de Gobierno de Caldas.
Razones
Jhon Jairo Castaño Flórez, secretario de Gobierno Departamental, argumenta que quieren que las víctimas tengan el pago del compensatorio por la participación -como lo ordena la Ley 1448 del 2011 o Ley de Víctimas- el mismo día de la elección. El desplazamiento desde sus lugares de residencia hasta Manizales obliga también a garantizarles transporte, alimentación y hospedaje a quienes viajan el día anterior.
"El proceso con la Secretaría de Hacienda es complejo. Se habla de unas 200 personas a las que se les tiene que crear un tercero que solicita el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y el de Registro Presupuestal de Compromiso (RPC). En la fecha planteada no hubiéramos podido pagarles el mismo día. Los recursos los maneja una fiducia, que se demora entre tres y cinco días hábiles para desembolsar. Por esto nos tocó correr la fecha", explica Castaño Flórez.
Los personeros municipales son los que certifican cuánto vale el transporte desde una vereda hasta el casco urbano y desde allí hasta Manizales. La última elección de Mesa Departamental de Víctimas en el 2018 contó con 196 electores, ahora se tienen previstos 191.
No pueden pagar antes
Pérez Carvajal señala que desafortunadamente cambiaron la fecha de la elección, pero considera que será para mejorar las condiciones de participación.
"Habíamos solicitado a la Procuraduría dar garantías, entendiendo que es un derecho constitucional. Nunca hemos pretendido que se pague antes el compensatorio, sino que se generen condiciones óptimas para que la población víctima del conflicto armado pueda ir a elegir sus representantes, según la Ley 1448 y el Decreto 1084, pero entendemos la complejidad".
Según el secretario de Gobierno, hay dos tutelas en curso que solicitan suspender esta elección. "Pero no podemos pagarles antes de venir, porque todavía no es un hecho cumplido. Hacerlo nos generaría complicaciones jurídicas. La Defensoría del Pueblo, que coordina la jornada, debe certificarnos quiénes vinieron para generar el pago".
Trabajo colectivo
Pérez Carvajal asumió la coordinación de la Mesa Departamental de Víctimas en Caldas hace unos seis meses, por el fallecimiento de Yesela Sanmartín Mendoza, y el próximo martes también se elegirá nueva coordinación. Pérez Carvajal se postuló de nuevo.
"Es un cargo que genera mucha responsabilidad; no es solo ir a un escenario de participación, sino comprender la magnitud de las necesidades de todas las víctimas y trabajar colectivamente. Nuestro periodo fue de dos años y ahora se elegirá para otros dos, porque la ley viene transitando para generar, a partir del 2023, un periodo de cuatro años de la Mesa como señala la Resolución 1668 del 2020".
Voceros
El secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño Flórez, explica que la Mesa de Víctimas tiene como propósito articular las acciones con el Gobierno Departamental del Plan de Acción Territorial (PAT), que es como la carta de navegación de las inversiones que hace la Gobernación en materia de víctimas del conflicto armado. "Ellos representan la vocería de las víctimas, participan en los subcomités y en los comités de Justicia Trancisional, hacen requerimientos a los organismos del nivel departamental".
Elegirán 31 delegados principales de la Mesa y entre 13 y 15 suplentes. El requisito para ser escogido es haber sido elegido en una Mesa Municipal de Víctimas. La Procuraduría verificará el proceso y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas aportará los refrigerios.
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