Siguen los problemas en resguardo por tierras en Cañamomo y Lomaprieta

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

La última palabra en la disputa de tierras en Supía y Riosucio, donde está asentado el resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta, de los embera chamíes, la tiene el Gobierno Nacional.

Esta semana se ventilaron problemas con dos canteras: Deltagrés y El Alto, que la gobernadora del resguardo, Arnobia Moreno, y el alcalde de Supía, Omairo Ayala, prohibieron explotarlas, mientras haya claridad del Gobierno sobre a quién les pertenecen.

Trabajadores afectados

Julián Rendón, abogado y creador del colectivo Despierta Supía, indica que el pasado martes unos 50 trabajadores de Deltagrés, dedicada a elaborar ladrillos, tejas y otros elementos, acudieron al alcalde Ayala para que diera soluciones ante su orden, de hace dos meses, de parar la explotación porque la zona pertenece al resguardo y varias casas del barrio Los Mangos presentan grietas por esta actividad.

"Es una decisión arbitraria. Son unas 150 familias en riesgo de perder su empleo al cerrar la cantera, que tiene documentos de concesión vigente, título minero y licencia ambiental. Según sentencia de la Corte Constitucional T-530 del 2016, se les concede un plazo a las autoridades competentes para que logren delimitar los territorios de este asentamiento indígena".

Rendón agrega que la otra cantera afectada es El Alto, entre Supía y Riosucio. Hace por lo menos un año no permiten explotarla. "Esta sentencia es clara en decir que se deben suspender los procesos mineros en solicitud, pero se deben respetar los derechos adquiridos a quienes les concedieron estos permisos. El Alto tiene título de concesión desde el 2013, y Deltagrés opera desde hace por lo menos 24 años. Además, las casas fueron construidas posterior a la explotación, hace unos cuatro años".

El abogado asegura que esto es un problema social, porque han llegado indígenas a amenazar con quemar la maquinaria, y considera amañadas las decisiones del alcalde, quien pertenece al resguardo. Organizan una movilización de protesta para el 4 de agosto.

Primer acuerdo

El alcalde de Supía afirma que no quería chocar con la comunidad ni actuar contra la empresa. El pasado martes firmaron un acta para que Deltagrés retire el material ya extraído, se comprometa a no hacer más explotación porque hay riesgo de deslizamientos y elabore un plan de contingencia hasta que la Agencia Nacional Minera dirima el conflicto.

"Con las lluvias hay casas afectadas que nos tocó evacuar, y las familias dicen que es un problema que pudo haber ocasionado la explotación, que es lo que está por resolverse".

Ayala aclara que aunque el predio es jurisdicción del resguardo, no todas las familias son Embera, y que su deber es proteger los derechos de todos. Agrega que con el material que tiene Deltagrés pueden laborar entre 6 y 10 meses. "Somos optimistas y creemos que en ese tiempo puedan resolver el asunto".

La cantera El Alto, en jurisdicción de Riosucio, trabaja con material de afirmado, la gobernadora Moreno dice que debe cumplir unos requerimientos. "Hay una familia indígena y un habitante de Supía que reclaman esta cantera como propia. Hemos dicho que quienes tengan títulos o concesiones mineras quedan sin validez mientras la ANT ratifique el territorio, y no podrán ejercer explotación en el resguardo".

Con los kumbas

En este territorio se reavivó la discordia étnica y política entre indígenas kumbas y embera chamíes, por un polígono de tierra en la vereda La Iberia, de Riosucio, donde están asentados los primeros, que no se consideran del resguardo.

El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, y el líder indígena Embera Hernando Hernández, coinciden en que a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y al Ministerio del Interior les compete aclarar este asunto.

Hernández explica que el resguardo Cañamomo y Lomaprieta es de origen colonial y tiene 32 comunidades o veredas, y que el litigio por las tierras de La Iberia con los kumbas viene de tiempo atrás.

"Ellos se declaran descendientes de los kumbas, del resguardo Kumba y reclaman tierras. Hay varias vías para solucionar este problema. La concertación de los terrenos de acuerdo con la jurisdicción especial indígena, otra vía es que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ayuden a llegar a un acuerdo haciendo verificaciones y estudios socioeconómicos y culturales".

Indica que estos indígenas son un cabildo de hecho, no reconocidos por el Mininterior. Pueden ser entre 20 y 30 familias.

La gobernadora indígena, Arnobia Moreno, cita la sentencia 530 de la Corte, que obliga a la ANT a delimitar el territorio, y dice que el resguardo que dirige ya está delimitado. "Solicitamos en dos ocasiones una reunión con el director de la ANT, pero infortunadamente nunca nos atendió, perdimos la visita a Bogotá".

Agrega que no obligarán a que los kumbas estén con el resguardo, pero exigen respeto a la autoridad indígena.

Potestad

El secretario de Gobierno, Carlos Alberto Piedrahíta, informa que recibieron queja de las dos canteras, y que la trasladaron a la Agencia Nacional Minera para que defina. "Los alcaldes son competentes para parar estas explotaciones si las recomienda una autoridad de riesgo, como ocurrió en Supía, pero la Agencia es la que debe mirar si la decisión es técnica. No hay términos para que respondan".