LA PATRIA | Manizales
Cada vez se abre más el camino hacia una conciliación con los familiares de las víctimas de la tragedia del barrio Cervantes de Manizales. A una carta dirigida a la Fiscalía 13 Seccional Manizales, en la que se expresa la voluntad de llegar a un acuerdo, se suma la voz del alcalde, Jorge Eduardo Rojas Giraldo.
El mandatario expresa que la conciliación es cuestión de los abogados, aunque acepta que la decisión que se tomó en su momento es conciliar, pues puede ser lo mejor para ambas partes.
"Estoy casi seguro de que se llegará a una conciliación, porque sería triste perder esta oportunidad", señala Rojas.
El 5 de noviembre del 2011 la ciudad amaneció cubierta de tristeza, luego de que una avalancha les arrebató la vida a 48 personas del tradicional barrio.
De acuerdo con la información de abogados, el grupo mayoritario de 40 familias aspira al 80% de sus pretensiones actualizadas. Los aportes para pagar el monto, por lo menos del grupo de 40 familiares, podrían provenir de Aguas de Manizales, de la aseguradora y el resto lo aportarían el Municipio y otras entidades locales, como Infimanizales, dueño de la red de acueducto.
Se podría echar mano de las transferencias recientes de la Chec a la Administración Municipal, como dividendos acumulados de varios períodos. El alcalde Rojas expresó: "Hay unos recursos, se van a buscar otros".
Los cambios
Para el lunes de la semana pasada estaba prevista una audiencia de conciliación. Sin embargo, se aplazó, luego de que abogados de las partes solicitaron suspenderla a la Unidad de Vida de la Fiscalía 13.
En una carta expresaron: "Por parte de la representación judicial de Aguas de Manizales se informa una nueva propuesta conciliatoria originada en mensaje de la Alcaldía, quien quiere sumar esfuerzos para lograr finiquitar con éxito este ejercicio conciliatorio..."
Se añade que para esto se requiere este término adicional para concretar las negociaciones. "...Y tratar de terminar esta etapa en los mejores términos para ambas partes". La audiencia seguirá el lunes 22 de septiembre, a las 8:30 de la mañana.
Se debe recordar que las familias de las víctimas han insistido en que se llegue a una conciliación con Aguas, basadas en conceptos técnicos que señalan que los tubos del acueducto de la zona se desunieron por el mal estado de las bridas metálicas y de los tornillos que estaban en avanzado estado de corrosión y por estar mal puestas las uniones de asbesto cemento. En consecuencia se produjeron fugas por varios días que ayudaron a desestabilizar el terreno, lo que finalmente produjo la tragedia.
Además, se ha señalado que las aguas de escorrentía no fueron recogidas como lo ordenó Corpocaldas a Aguas de Manizales, desde varios meses antes de presentarse la tragedia. Como si esto fuera poco, las líneas de emergencia de Aguas estaban inactivas, lo que implicaba que pese a que hubo numerosas llamadas antes de la tragedia advirtiendo de las fugas de agua, no tuvieron ninguna reacción ni respuesta. Esto le implicó ser multada por la Superintendencia de Servicios Públicos
Si no hay conciliación, la Fiscalía imputará cargos a funcionarios y exfuncionarios, tanto de Aguas como del Municipio, e incluso de Corpocaldas, debido a que si bien funcionarios de esta entidad sugirieron las obras que se debían hacer para el manejo de las aguas lluvias que impactaban negativamente en la ladera, no ejercieron el seguimiento y control para que se realizaran.
El alcalde de la ciudad es consciente de que si no se llega a un arreglo el proceso sería más complicado y más costoso para la Administración Municipal. "Eso se iría a muchos años de litigio", concluye.
LA PATRIA conoció de abogados consultados que este tipo de demandas se presentan en salarios mínimos, por lo cual las sumas se van incrementando año tras año. En caso de un fallo condenatorio, podría producir un serio detrimento patrimonial, tanto en las finanzas municipales como en las de la empresa que opera el servicio de acueducto.
Fallo reciente
La defensa de los familiares de las víctimas de Cervantes han asegurado que el Municipio de Manizales es administrativa y solidariamente responsable de la tragedia.
Se pone como precedente un fallo del Consejo de Estado, del 12 de agosto del 2014, que obligó al Municipio de Ibagué en solidaridad con la empresa de acueducto y alcantarillado de esa ciudad a pagarles indemnizaciones a los familiares de Georgina Alfaro de Mejía, quien falleció ahogada en esa ciudad hace 14 años.
Los familiares alegaron que el ahogamiento de la señora obedeció a la imprevisión, negligencia e irresponsabilidad de los funcionarios encargados de la prestación del servicio público de alcantarillado.
La Alta Corporación sostuvo en el fallo que no se adoptaron las medidas para la seguridad de los ciudadanos, al no proteger con mallas o rejas, un colector de aguas lluvias.
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