"No hay personal suficiente investigando"

Sania Salazar
LA PATRIA | Manizales

Para la presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura en Manizales, María Eugenia López Bedoya, uno de los principales problemas a la hora de administrar justicia en Caldas está en lo penal, pues asegura que hay un déficit de funcionarios en las instituciones relacionadas con la investigación criminal. Señala el problema también en instituciones como el Bienestar Familiar, en el caso de procesos en los que están involucrados menores y en la Defensoría, entre otros.

"No hay personal suficiente investigando", sentencia. Asegura que excepto lo anterior, en Caldas no hay problemas con la administración de justicia y que tampoco hay congestión, pues los juzgados creados para desatascar el sistema dieron buenos resultados. López Bedoya habló con LA PATRIA sobre los aciertos, las falencias y los retos de la institución en Caldas:

-¿Cuál es el problema en lo penal?

En el área penal no dependemos solamente de los jueces, el ciudadano depende de que haya un ente investigador con un número de funcionarios suficientes, así como también de fiscales, defensores, que Bienestar Familiar tenga también abogados, que haya centros de reclusión suficientes para menores. Nosotros no tenemos problema en el número de despachos judiciales, el inconveniente es de los demás entes que hacen parte del sistema.

-¿Hay alguna otra falencia en la justicia en Caldas?
Tenemos juzgados en todos los municipios, pero qué nos ganamos con eso si no están llegando procesos para juzgar porque estamos fallando en la etapa investigativa. Con preocupación le cuento que en Aranzazu el juez no tiene procesos penales y no es que se hayan acabado los delincuentes o que hayan dejado de matar, aquí hay un problema serio y es que tengo entendido que no hay dónde denunciar. El Juzgado de Marulanda tiene 10 procesos. Este es un problema grave, porque no estamos brindando acceso a la justicia. La juez cumple una labor social, se desplaza a veredas y colegios a dictar charlas de prevención de drogadicción, de abuso sexual, entre otros temas.

-En los procesos penales hay abogados que se quejan de los constantes aplazamientos de las audiencias porque alargan los procesos, ¿a qué se deben esos aplazamientos?

La ley permite que cualquiera de las partes del proceso solicite aplazamientos. Estamos ad portas de tener un diagnóstico del circuito para hacer un comité de oralidad y mostrar cuántas audiencias se programaron en el 2011, cuántas fueron aplazadas y por quién. El 80% de las audiencias se aplazan por falta de defensor, en primer lugar, en segundo porque el número de fiscales no es el suficiente. En tercer lugar hay casos en los que el juez no programa las diligencias en consenso con el defensor y el fiscal.
Los aplazamientos son una de las estrategias de los abogados jugando a que se venzan los términos para que prescriba el proceso, pero ahí también nosotros estamos vigilantes.

-¿Qué posición tiene frente al proyecto de reforma a la justicia?

La reforma a la justicia no tiene nada de reforma en beneficio del ciudadano. Allí lo que hay es una lucha de poderes por eliminar una entidad como la que yo represento, están buscando desacreditarla.
¿A dónde acude hoy un ciudadano cuando su proceso no sale?, nosotros le damos respuesta en 10 días, suprimido este ente a dónde van a acudir. Esta sala tiene la obligación de darle una respuesta de fondo, de explicarle por qué no ha habido resultados. Tenemos la facultad de exigirles a los funcionarios judiciales esas respuestas de fondo y también la facultad de enviarlo a la sala disciplinaria para una investigación si es necesario.

-Cómo está Caldas en la prestación de justicia respecto a otros departamentos del país?
Diría que muy bien. El hecho de que hemos pasado de un sistema escritural a uno de oralidad significa más agilidad en los procesos.
Aunque el ciudadano del común piensa que la justicia no funciona,  es lenta y hay impunidad, tenemos indicadores de que la respuesta ha sido acorde con la demanda de justicia en todas las especialidades.
Si hay impunidad no se refiere precisamente a la judicatura, la responsabilidad es de otros entes del sistema por la falencia del número de personas necesarias.

Sobre la descongestión

-¿Cómo van los juzgados de descongestión?
En Caldas están funcionando ocho juzgados administrativos de descongestión y cuatro administrativos permanentes.
Hace tres años teníamos cuatro juzgados con más de 15 mil procesos, hoy tenemos 12 juzgados con alrededor de 6 mil procesos, es decir, cada uno maneja en promedio, de 500 a 600 casos, cuando hace tres años un juzgado administrativo tenía alrededor de 2 mil procesos a cargo. Las medidas de descongestión surtieron los efectos esperados en lo que a Caldas se refiere.
Menos de 12 juzgados administrativos aquí no podemos tener por la demanda de justicia, por lo que hacemos una propuesta al Consejo Superior para que esos juzgados sean permanentes.

-Hay unos funcionarios que ya tienen derecho a la pensión, pero que aún están trabajando, ¿por qué?

La edad de retiro forzoso es a los 65 años y un servidor judicial tiene derecho a seguir ahí en la medida en que esté dando sus resultados. Si un servidor, a pesar de que tenga su pensión reconocida, quiere continuar ahí, la ley permite que lo pueda hacer. Lo que pasa es que yo puedo tener derecho a la pensión, pero solo puedo hacer uso de ella cuando haya renunciado al cargo, no es que yo pueda disfrutar de la pensión y a su vez tener salario.

-¿Qué cree que necesita la justicia para ser más eficiente?
Recursos. El sistema penal no está funcionando bien porque tiene unas falencias como sistema. En Caldas no necesitamos sino que nos creen en forma definitiva los cargos que hoy están en descongestión en la jurisdicción contencioso administrativa, y en otras especialidades que nos creen unos cargos que se requieren. Hoy estamos brindando en Caldas una justicia oportuna, no tenemos procesos archivados inactivos. Se requiere presupuesto, que ha ido decreciendo en los últimos años.

Datos
María Eugenia López Bedoya es oriunda de Marulanda y lleva más de 35 años trabajando con el Estado. Es abogada de la Universidad de Manizales, especialista en derecho administrativo y derecho comercial.
Completa 14 años en la presidencia  del Consejo Seccional de la Judicatura en Manizales.