24 concejales y exconcejales de La Dorada demandaron al Municipio alegando que les debían reliquidar los honorarios desde el 2001 hasta el 2010. Con eso buscaban la suma de 8 mil millones de pesos. Sin embargo, el Tribunal de Manizales falló en contra de esas aspiraciones.
Adrián Castañeda, abogado del municipio, expresó que la justicia actuó como era debido y que lamenta la posición de los ediles y de sus asesores, quienes, según él, los atacaron a través de medios de comunicación.
"Ganamos en primera instancia una audiencia que se hizo ante el juzgado primero civil del circuito de La Dorada el 20 de julio del 2013, pero le comunicamos a la comunidad que las cosas no terminaban ahí porque los demandantes, obstinados y con deseo de obtener los 8 mil millones de pesos, insistían para logar su pretensión", dijo.
María Zulay León Alzate, secretaria General y Administrativa de La Dorada, expresó que en el proceso de empalme del 2011 se les informó de la asignación de un presupuesto de 600 millones de pesos para la conciliación del proceso, pero la administración de Erwin Arias no aceptó los recursos al considerar que se afectaba el presupuesto municipal
Satisfecho
El abogado agrega que en segunda instancia el Tribunal de Manizales decretó la nulidad de todo lo actuado porque el juzgado había violado los derechos del debido proceso del Municipio.
"No tuvieron en cuenta los argumentos jurídicos que plasmé. Devolvieron el proceso para que lo reiniciaran y la nueva juez tomó la decisión de no librar mandamiento de pago en contra del Municipio porque el documento no cumplía con los requisitos", explicó.
Erwin Arias, alcalde de La Dorada, dijo que está satisfecho con la decisión y luego de esta última instancia los ediles tendrán que cancelarle al Municipio 5 millones de pesos por costos del proceso.
"De haber prosperado las pretensiones de los concejales y exconcejales al Municipio le hubiera tocado pagar 8 mil millones de pesos, lo cual equivaldría al 30 % del presupuesto anual de la localidad. En esas condiciones hubiéramos entrado en Ley 550 para pagar las deudas", concluyó.
Hablan los demandantes
Isabel Alviz de Robles, actual concejal del partido de la U y quien en el momento de la demanda era la presidenta del Concejo, manifestó que acata la decisión del juez y que se reunirán con los demás demandantes para mirar cuándo cancelarán la multa que deben.
Alexánder Marroquín, militante de la misma colectividad, expresó que sabe del fallo porque el alcalde le informó. "La reclamación era justa , pero no se hizo en los tiempos en que correspondían por eso se cayó. Toca acatar la decisión del juez y pagar la multa", indicó.
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