CARLOS HERNÁNDEZ
LA PATRIA | MANIZALES

Un retiro espiritual. Así define el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el encuentro que sostiene desde ayer con congresistas de las comisiones primeras de Cámara y Senado en el Hotel Termales El Otoño, de Villamaría.

Se preparan para regresar a sesiones el próximo 20 de marzo, cuando el proyecto de Reforma a la Justicia comenzará su segunda vuelta en el camino por convertirse en reforma constitucional.

Se trata de “pulir la iniciativa, teniendo en cuenta las críticas y recomendaciones que se han hecho, de manera que al final resulte lo que todos soñamos, que es un articulado ideal y que satisfaga las aspiraciones de la causa de la justicia”, manifestó el funcionario.

En medio de la discusión sobre el futuro del fuero militar, dada la propuesta del Gobierno de excluirlo y discutirlo aparte, y sobre otros puntos que generan polémica, como el presupuesto para la Rama Judicial, LA PATRIA habló con Esguerra.

-¿Cuáles son los puntos que generan más debate en estos encuentros?
No le puedo anticipar eso. No estaría bien de mi parte decirlo. Todos generan debate en el mejor sentido de la palabra, entendido como intercambio de ideas y opiniones.

-Y ante la extracción del fuero militar del proyecto, ¿hay suficiente apoyo del Congreso?
Estaremos pendientes a lo que se discuta y salga de la mesa de Unidad Nacional que el presidente de la República convocó para la semana entrante. Allí se presentará el proyecto de articulado integral que una comisión le entregó al gobierno sobre la reforma a la Justicia Penal Militar. Entonces, habida cuenta de que tenemos este nuevo proyecto, ya veremos si se acoge la propuesta del Gobierno para sustraer de la reforma constitucional que está en curso la parte relativa al fuero militar.

-En esta reunión solo están congresistas y Gobierno. ¿Cómo sigue la relación con las cortes?
No están presentes puesto que han decidido marginarse de los debates, aunque en algunos foros académicos han estado presentes y el diálogo no ha cesado ni un solo instante, individualmente, con algunos magistrados. Espero que no por mucho tiempo se mantengan al margen.

-¿Insistirá el Gobierno en darles facultades judiciales a particulares para afrontar la descongestión?
La propuesta es que eso se haga de modo excepcional y transitoriamente con centros de arbitraje y conciliación, funcionarios administrativos de los despachos judiciales, notarios y, en ciertos casos, con abogados en ejercicio. Por supuesto, no en materia penal, ni contencioso administrativa, ni constitucional.

-¿Qué funciones cumplirían?
Serán asuntos de menor entidad como la práctica de diligencias y la solución de ciertos conflictos. En materia civil, por ejemplo, el 70% de procesos en el país son ejecutivos, y de ese porcentaje, el 70% son procesos en los que el demandado no se opone a la demanda, sino que dice no contar con dinero, por lo que hay que buscar alguna manera de pago. Si no hay propiamente un enfrentamiento entre dos posiciones, ¿será necesario gastarle a eso el tiempo y la cabeza de un juez de la república, a quien por otro lado se le van acumulando expedientes de cosas mucho más significativas en su despacho?

-Desde la Rama Judicial, sin embargo, han expresado desacuerdo con esa propuesta...
Hay quienes sostienen que ese es un camino para privatizar la justicia. Nadie quiere hacer eso, menos el Gobierno o el Congreso. Una bobería de esas a nadie se le ocurre. La función jurisdiccional, en lo fundamental, debe seguir principalmente en manos de la Rama Judicial. Se trata es de buscar fórmulas para que los colombianos dejen de esperar unos 10 años antes de que les resuelvan un proceso, como ocurre hoy.

-Los jueces insisten en más presupuesto...
Eso ayuda y habrá que dárselo, pero buscamos fórmulas complementarias porque a base de mayor presupuesto y de crear más despachos judiciales llevamos 50 o 60 años y eso no resuelve todo el problema.

Sobre las cárceles

-Ha vuelto a ponerse sobre el tapete la crisis en las cárceles por el hacinamiento...
Es preocupante y estamos viendo cómo se puede manejar. Para ello analizamos distintos caminos: uno, la construcción de grandes cárceles a través del sistema de concesión, para cuyo efecto se ha contratado con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Aspiramos construir en este cuatrienio seis establecimientos carcelarios de muy buen tamaño. Para lo demás habrá que construir más cárceles hacia el futuro.

-¿De qué otra manera combatir el problema?
Aspiramos a que el hacinamiento disminuya considerablemente cuando se convierta en ley el nuevo Código Penitenciario y Carcelario, en el que trabajamos y con el que soñamos.

-Se había dicho que una de las grandes cárceles se construiría en Pereira para albergar presos del Eje Cafetero...
No sé específicamente que haya una decisión para que se construya en Pereira. Se estudian varias ubicaciones, lo cual es parte de lo que ha sido contratado. Analizamos en dónde es más urgente, en dónde más conveniente y en dónde hay mejores posibilidades.