El Tribunal Administrativo de Caldas aún no define la suerte del gobernador Guido Echeverri, contra quien cursan dos demandas por una presunta inhabilidad para haber sido candidato. El proceso surtió hace pocos días la recolección de pruebas y el magistrado encargado del proceso, Carlos Manuel Zapata Jaimes, solicitó que se presentaran los alegatos de conclusión.
Una inquietud, sin embargo, surgió entre la defensa del mandatario, que presentó un recurso de reposición contra la orden de comenzar dichos alegatos.
Primero hay que recordar que ambas demandas las interpusieron los abogados Carlos Arturo Clavijo Aguilar y Pilar del Rosario Ruiz Castaño. Ambos consideran que el hecho de que la esposa del gobernador, Ana María Jaramillo, hubiese sido secretaria de Hacienda encargada en Manizales durante el año anterior a la elección, inhabilitaba a Echeverri.
Entre las pruebas solicitadas está la “copia integral de la hoja de vida” de Jaramillo, incluyendo anexos y soportes. La Alcaldía de Manizales es la que debe enviar al menos ese documento al Tribunal, pero el abogado del gobernador argumenta que “se limitó a remitir 13 folios seleccionados por el funcionario a su arbitrio, ocultando actos administrativos de escalafonamiento y traslados en la carrera administrativa, encargos, posesiones, etc., correspondiente a 30 años de función de la doctora Ana María Jaramillo”.
Y remata con un argumento político, al recordar que “la Alcaldía en este momento es ejercida por el Partido Político de la U, que perdió las elecciones con el gobernador demandado”. Para hacer precisión, el alcalde Jorge Eduardo Rojas es conservador sierrista, y su candidatura la apoyó La U, que tiene fuerte representación en la administración.
El otro recurso
El gobernador no es el único que hace el reclamo. Aunque las demandas son solo contra él, su esposa ya hace parte del proceso como “interviniente adhesiva”, es decir, se metió en el litigio como opositora a las pretensiones de los demandantes. Y la abogada de ella también presentó un recurso de reposición al considerar que en la Alcaldía intentan ocultar la información.
Incluso propone que las pruebas solicitadas se hagan mediante inspección judicial. “...se torna necesaria, imprescindible, para que el honorable magistrado personalmente incorpore los documentos probatorios (…). La incorporación documental mediante oficio dirigido a la Alcaldía no es confiable porque ya el funcionario intentó ocultar documentación que legalmente ha debido remitir en cumplimiento del oficio que le dirigió el secretario del Tribunal”.
En últimas, lo que preocupa a la defensa del gobernador y de su esposa es que lo que denominan “saboteo documental” termine por confundir a los magistrados, que son los encargados de decidir. Por lo pronto, ambos recursos están pendientes de resolverse.
Responde la Alcaldía
Paula Andrea Orozco, jefe de Servicios Administrativos de la Alcaldía de Manizales, le dijo a LA PATRIA que hasta ahora han respondido todas las solicitudes que les han hecho desde el Tribunal. Con respecto al requerimiento de la hoja de vida de Ana María Jaramillo, respondieron con los documentos solicitados de acuerdo con el formato de la función pública, y en cuanto a los anexos adjuntaron lo referente al 2010 y al 2011, que es el tiempo que influye para la posible inhabilidad de Guido Echeverri. “Si piden del 2010 hacia atrás no hay problema, pero me parece extraño porque lo que les interesa es el 2010 y el 2011”. Por eso considera que hizo falta claridad al momento de formular la petición.
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