Caldas: el control en servicios de salud, de lo laxo a lo riguroso

CARLOS HERNÁNDEZ

LA PATRIA | MANIZALES

La Dorada suele convertirse, de cuando en cuando, en la evidencia local de las tragedias nacionales. Para no ir muy lejos en el tiempo, lo fue desde 2008, en el campo político, con sus siete alcaldes en cuatro años; lo fue en 2010, en el campo invernal, con la inundación de gran parte del municipio; y lo ha sido estas últimas semanas, en el campo de la salud, con el cierre de urgencias del Hospital San Félix. La situación puso al nuevo gerente del centro asistencial, Yamil Rodríguez, a contratar obras en tiempo récord que permitieran prestar un mejor servicio, tras al menos 20 años de que un obrero prácticamente ni tocara el edificio.

Lo cierto es que, a pesar de lo paradigmático que pueda resultar este caso, sobre todo por su gravedad, no es el único en el departamento. La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) informa que en 2012 ha visitado, como ente de inspección y vigilancia, “164 sedes de prestadores de servicios de salud, de las cuales 81 cumplen y 72 no”.

A partir de ahí se han tomado medidas de seguridad que pueden desembocar en la orden del cierre de servicios, como también ocurrió con las cesáreas hace unos meses en Chinchiná, donde el Hospital San Marcos presta la mediana complejidad. Este año, de acuerdo con la DTSC, también han implementado esas medidas, que no implican cierre inmediato, en los hospitales de Salamina, Pensilvania, Manzanares, Samaná y Riosucio, y en la clínica Celad, de La Dorada, que es privada y que, paradójicamente, fue el plan B en ese municipio cuando ordenaron cerrar urgencias en el San Félix.

Las fallas más comunes de estos centros asistenciales están en sus servicios de urgencias, esterilización, hospitalización, radiología e imágenes diagnósticas y ginecobstetricia (atención a madres embarazadas), lo que, sin duda, plantea un panorama poco halagüeño.

Incluso ha habido hospitales que han corregido los problemas a tiempo y se han salvado de la aplicación de la medida, como los de Aguadas y Supía, el SES Hospital de Caldas y el Instituto del Corazón, estos dos últimos en Manizales.

Voces

¿Cómo se ha llegado a este punto? Yamil Rodríguez, gerente del Hospital de La Dorada, considera que hay múltiples factores, pero considera que el principal ha sido la laxitud de la DTSC en años pasados. “¿Qué ocurrió en las administraciones de los anteriores directores de la Territorial? No apoyaron a los hospitales”. De una forma similar piensa Gonzalo Medina, director de la Asociación de Hospitales de Caldas, quien afirma que la laxitud ha rayado en la irresponsabilidad.

Por ejemplo, según la misma Territorial, las fallas en La Dorada y Chinchiná comenzaron en septiembre y octubre de 2009, respectivamente, cuando en las visitas verificaron los incumplimientos. “Es pertinente mencionar que durante las respectivas visitas, los citados prestadores identificaron las deficiencias en el cumplimiento de las condiciones por cada uno de los servicios verificados”, agrega la DTSC en un cuestionario respondido a LA PATRIA.

Héctor Jaime Hernández, exdirector de esa entidad que antecedió a Jorge Hernán Yepes, el actual titular, argumenta que no se trataba de laxitud, pues cree que, al ser tan crítica la situación de los hospitales, hay que darles tiempo para que corrijan ciertas falencias. De todas formas aclara que hay situaciones que no dan espera, como se ha visto ahora en el puerto caldense. “La función de la Territorial, en primera instancia, es brindar acompañamiento y ser consecuente con ciertas situaciones, sin poner en peligro la vida de los pacientes”, indica.

Pone el ejemplo de Marmato, donde el Hospital San Antonio funciona en cinco casas, sin las condiciones adecuadas. “La idea es que cumpla siquiera un 70 por ciento, que cumpla lo esencial, pero ¿cómo va usted a cerrar urgencias en Marmato?”. La misma gerente, Martha Patricia Zapata, en declaraciones pasadas a este diario ha aceptado que allí, como tal, no existe un hospital.

Mauricio Sánchez, gerente en Belalcázar, recuerda que el año pasado una ola de acciones populares falladas contra los centros asistenciales les recordó que incumplen con medidas de sismorresistencia, y, sin embargo, deben seguir operando.

El exdirector de la Territorial insiste, entonces, en que esa entidad debe apostarle al acompañamiento, para que no la tomen “como el ente que va a cerrar servicios”. Y es que, aunque no lo aceptan públicamente, LA PATRIA supo que algunos gerentes consideran que últimamente ha habido una especie de persecución.

La DTSC responde que, simplemente, aplica la ley, para lo cual recuerda lo siguiente: un consultorio, hospital o clínica que desee prestar un servicio, previo a cumplir con su inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, debe autoevaluarse para saber si cumple con las condiciones para que le habiliten ese servicio. Esto se hace de acuerdo con unos parámetros establecidos en las normas, y si hallan deficiencias, “deberán abstenerse de prestar el servicio hasta tanto realicen los ajustes necesarios”. Y concluye: “así las cosas, el prestador es el responsable de mantener las condiciones mínimas, para lo cual debe estar actualizando la autoevaluación y así garantizar la calidad”.

El 5 por ciento

Cada año los hospitales deben invertir al menos el 5 por ciento de su presupuesto en mantenimiento de la planta física, mantenimiento y reposición de tecnología biomédica e inversión. Actualmente, según la Territorial, cuatro instituciones del departamento incumplen con ello, mientras que la mayoría tiene destinada una cantidad mayor. Sin embargo, la entidad insiste: “si estos recursos se ejecutaran en su totalidad no tendríamos al día de hoy los hallazgos que han generado las medidas descritas” (ver infográfico En cifras).

El gerente del Hospital de La Dorada, que llegó al cargo hace un par de meses, ahí sí le da la razón a la institución, pues cree que, aunque en su centro asistencial no se ha cumplido, es un porcentaje suficiente si cada año se ejecuta con responsabilidad. Sin embargo, critica que les “suelten la responsabilidad” únicamente a los hospitales, pues, precisamente, esos presupuestos los aprueban las juntas directivas, presididas por el alcalde, si el hospital es municipal, o por el gobernador, si es departamental. “Ellos no podían ser indiferentes a estas situaciones”, se queja.

Y es que, por más que los hospitales tengan autonomía administrativa, nunca han estado desligados ni de los municipios ni del departamento, pues existen los llamados planes bienales de inversión, que son proyecciones de lo que necesitan mejorar en infraestructura y dotación, con su respectivo presupuesto. Cada hospital lo debe presentar al municipio, que lo recibe y registra sus proyectos, para luego pasarlo al departamento. Este hace lo mismo y hace llegar el plan bienal al Gobierno Nacional.

A pesar de que no siempre se cumplen por falta de recursos, como lo afirma el exdirector de la Territorial, el director de la Asociación de Hospitales indica que, de todas formas, dichos planes suponen una responsabilidad compartida, pues municipio y departamento deben incluir esas proyecciones y presupuesto en sus planes de desarrollo.

Recientemente hubo una modificación a la forma de presentarlos, por lo que hay plazo para estructurarlos hasta el próximo 31 de diciembre. Es decir, los hospitales y las autoridades de salud municipales y departamentales cuentan con una nueva oportunidad de arreglar la casa y evitar que situaciones como las ocurridas en La Dorada les cojan ventaja.

En el Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo Departamental se propone "cumplir en un 70 por ciento con el programa de dotación de la red pública hospitalaria, acorde al Plan Bienal de Inversiones en Salud y la priorización de proyectos (plan pendiente de reformulación). La meta son 15 IPS. La línea base está en 50 por ciento".