Bienestar Familiar, una caja de dinero constante

FELIPE MOTOA FRANCO
MANIZALES| LA PATRIA

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional Caldas (ICBF) tiene, por año, presupuestos que superan los $100 mil millones. Rubros que en comparación con lo que maneja la Gobernación, alcanzan entre una tercera y cuarta parte de lo que dispone el Gobierno Departamental.

La mayor parte de su presupuesto se invierte a través de la figura de régimen especial (R.E.) en contratos de aporte (ver recuadro Contratos de aporte), con entidades sin ánimo de lucro que tampoco tienen ánimo de pérdida. Una de estas  entidades concentró $58 mil 812 millones en contratos, tal como pasó en el 2012 con la Cooperativa de Asociaciones de Hogares Comunitarios de Bienestar -Cooasobien; ese año accedió a 16 contratos de aporte (C.A.) para atender a menores de edad en todo el departamento. En total, el instituto gastó $149 mil 799 millones en 142 C.A. para el 2012 .

Esa última cifra, en el 2013, se redujo $110 mil 935 millones. La evidente disminución obedece, según Luis Eduardo Céspedes, director del ICBF regional Caldas, a que en 2012 se comprometieron vigencias futuras del 2013, en contratos que también incluían acciones para ese último año. Precisa que la inversión para ambos años fue proporcional.   

Ángela Robledo, representante a la Cámara por Bogotá, del Partido Verde, ha sido crítica con el instituto a nivel nacional y con la forma de contratación especial que lo cobija. Apunta que la figura del C.A. que originalmente se ideó para contratar servicios con cooperativas de padres de familia y de madres comunitarias, ha dado pie a que empresarios y políticos accedan a esos dineros.

"El ICBF se convirtió en un manejo empresarial que ha llevado los recursos a los empresarios, por la influencia de políticos. Antioquia y Bogotá son claros ejemplos, y Caldas no se sustrae al fenómeno. Las inversiones para nutrición y demás no están llegando tan bien como deberían llegar", apunta Robledo. El presupuesto que la Nación le  asignó al instituto para el 2014 ronda los $5 billones.

El director nacional del ICFB, Marco Aurelio Zuluaga, ilustra que los C.A. han funcionado por 40 años y que lo más seguro es que seguirán así. Pero indica que en el 2014 se está iniciando una estrategia para anunciar convocatorias a operadores, que incluirán hasta $1.5 billones en contratos, y así permitir que quienes deseen participar con sus fortalezas se puedan preparar.

Hallazgos

Zuluaga precisa que la regional caldense se puede ubicar entre las cinco del país con mejor funcionamiento. No obstante, la Contraloría General de la República hizo varios hallazgos en su última auditoría a esta seccional, sobre la vigencia del 2012, en contratos que tuvieron alcance hasta el 2013.

Llaman la atención por estar relacionados con la entidad que más recibió contratos y dinero (Cooasobien) y tienen que ver con "deficiencias en la aplicación de controles estructurados por parte del ICBF, que garanticen las condiciones básicas para la prestación del servicio en la aprobación y mantenimiento de la infraestructura física destinada a la atención de los programas... Observando sedes en mal estado (grietas, fisuras, humedades, etc.) áreas de alimentos insalubres, deficientes condiciones para evacuación de los edificios, etc., con lo que no se observa la efectividad del Certificado de Idoneidad Técnico Admnistrativa expedido por el ICBF a cada operador en la etapa precontractual de los contratos de aporte".

El informe determinó irregularidades y entrega de certificados sin cumplimiento pleno de condiciones en al menos 7 Centros de Atención a la Infancia (CDI) de Manizales, relacionados con el contrato de aporte 17-2012-0190 por un valor de $2.278 millones. La regional se defendió y dijo que "a pesar de que algunas sedes presentaban deterioro en su infraestructura pero no amenazaban con ruina, se emitió el concepto de habilitación con acciones de mejora".

En contrarrespuesta, el ente de control definió: "a pesar de que las infraestructuras cumplían con los criterios mínimos para ser habilitadas, debe primar el bienestar de los infantes. Estas infraestructuras no son adecuadas y generan riesgo para la integridad física y salud de los niños". Otros dos hallazgos aluden al mismo tema y añaden que ha habido ineficiente inversión de recursos destinados para dotación y atención a los usuarios: en este caso, el contrato de aporte afectado fue el 17-2012-0369 por $11 mil 885 millones para servicios en Manizales y Villamaría.

Más presupuesto 
La segunda figura que más gasto representa, lejos del C.A., es la contratación directa de prestación de servicios profesionales. En 2013 fueron $3 mil 990 millones de pesos en 157 contratos, una cifra 10 veces mayor de lo que cuesta la nómina de los funcionarios de planta (ver infográficos Tipos de contrato por año y Nómina). Este tipo de contratación, igual que la de prestación de servicios asistenciales, se hace de forma directa y quien la decide es el director.

Como dato comparativo vale decir que el presupuesto general de Caldas (salud, educación, infraestructura, agricultura, desarrollo, deporte, etc.) en 2013, sumó $480 mil 236 millones, mientras que el del ICBF fue de $121 mil 709 millones (para diversos tipos de atención a los menores de edad). La alcaldía de La Dorada, a su vez, contó con un rubro de $35 mil 751 millones y una ciudad intermedia como Armenia tuvo $259 mil 874 millones, apenas un poco más que el doble que el ICBF Caldas. 

Los niños
La manutención de "un hijo de Bienestar Familiar", es decir, aquel menor cuya potestad está bajo la tutela del instituto y por ello vive como interno en un hogar sustituto, cuesta alrededor de $6 millones por año (sin contar terapias psicológicas y otras atenciones). Por otro lado, el costo anual de un niño en hogares comunitarios es de 2 millones 600 mil pesos: estos son niños que se atienden en primera infancia, desde las 7 a.m. hasta las 4 p.m., porque sus padres no los pueden cuidar durante ese tiempo. Para el 2014, la regional Caldas del ICBF estimó que atenderá un total de 212.657 usuarios en todos sus programas.

Políticos en el ICBF
En octubre del 2013, Marco Aurelio Zuluaga fue nombrado director nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en remplazo de Diego Molano, del Partido de La U.   Para ese entonces el portal de internet La Silla Vacía publicó un artículo (Tres Zuluagas distintos y un ICBF verdadero) en el cual se dijo que el nombramiento era una estrategia del santismo para evitar que votos de Caldas, para elecciones parlamentarias y  presidenciales, se fugaran de La U hacia el Uribe Centro Democrático (UCD).

Cabe mencionar que Marco Aurelio Zuluaga es de Anserma y en el 2003 fue candidato perdedor a la Gobernación de Caldas, impulsado por Jaime Alonso Zuluaga y Óscar Iván Zuluaga, ambos de Pensilvania. Óscar Iván hoy es candidato a la presidencia por el UCD y Jaime Alonso es senador de La U, pero no fue reelegido en los comicios de marzo pasado.
 

En ese mismo contexto se ha dicho que el senador caldense por el Partido de La  U, Mauricio Lizcano, tiene influencia en el ICBF regional Caldas. Aunque no se ha comprobado esa hipótesis, el 18 de febrero pasado se denunció cómo Jorge García, líder de la campaña en Marmato para la reelección de lizcano en el Senado, amenazó a empleados de contratistas del ICBF con "hacer rodar cabezas" si no colaboraban con cinco votos, cada uno, para la campaña. García confirmó los hechos y así mismo Lizcano, quien agregó que a pesar de lo sucedido, en ningún momento dio instrucciones para que se actuara de esa forma.

Después de la denuncia, la institución hizo una investigación interna en la que no se recaudaron pruebas suficientes para sancionar a funcionarios o contratistas del Bienestar. En marzo, la Fiscalía abrió un proceso penal contra García por el delito de constreñimiento al elector. El implicado no aceptó las acusaciones y el asunto pasó a la etapa de juicio.        

Contrato de aporte
 

La Constitución Nacional, así como el artículo 127 del Decreto 2338 de 1979, contemplan una categoría especial de contratación para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, denominada contrato de aporte. Se entiende por esto que: "dada su naturaleza especial, podrá celebrar contratos de aporte, entendiéndose por tal cuando el instituto se obliga a proveer a una institución de utilidad pública o social de los bienes (edificios, dineros, etc.) indispensables para la prestación total o parcial del servicio, actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución, con personal de su dependencia, pero de acuerdo con las normas y el control del ICBF. Su vigencia será anual, pero podrá prorrogarse de año en año".
 

Se pueden celebrar directamente los contratos para la prestación del servicio de Bienestar Familiar con entidades sin ánimo de lucro. Organizaciones como Cooasobien, Coashogares, Fundación Fesco  y Fundación Funpaz entran en esta categoría.
 

"Les debemos hacer seguimiento anual para que cumplan con las especificaciones del ICBF. Por su idoneidad, casi no he cambiado a los prestadores del servicio en el tiempo que llevo al frente del instituto (ver intertítulo Hallazgos). Además, el dinero que les queda como ganancia a estas instituciones lo reinvierten en mejorar el servicio", explica Luis Eduardo Céspedes, director de la regional Caldas. Más del 90% del presupuesto del ICBF se gasta en contratos con este tipo de instituciones.

* Si usted tiene información relacionada con este tema escríbanos al correo felipe.motoa@lapatria.com