LA PATRIA | Manizales
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo exigió medidas inmediatas para extremar los controles y garantizar una efectiva vigilancia a las actividades de explotación minera, para prevenir nuevas emergencias como la ocurrida en Riosucio, donde 17 trabajadores permanecen atrapados en un socavón.
La Entidad además pidió investigar a la empresa que ostentaba el título de la mina, pues no obstante la prohibición de realizar excavaciones profundas como las efectuadas en el terreno, la presencia de conexiones eléctricas aparentemente fraudulentas, la ausencia de una planta alterna de energía para suplir cualquier falla en el fluido y las precarias condiciones de seguridad social para los empleados, permitía su faena bajo circunstancias de alto riesgo para su integridad.
La Defensoría del Pueblo también alertó sobre la vulnerabilidad para los trabajadores de 3 mil complejos de extracción en diferentes partes del país, que según la Agencia Nacional Minera se encuentran en proceso de formalización, pero sobre cuyas circunstancias de operación no se tiene un seguimiento detallado pues los procesos de inspección in situ son dispendiosos, como en este caso, donde pese a existir una solicitud desde el año 2013, al parecer no se habían realizado las visitas correspondientes.
Recordó: “no basta con acciones aisladas de la Fuerza Pública para destruir la maquinaria de la minería ilegal industrializada, sino que es necesario asegurar la capacidad del Estado para controlar esta actividad, y ofrecer escenarios seguros a fin de sobreponer el derecho a la vida de los trabajadores, aún por encima de tradiciones laborales inestables, máxime teniendo en cuenta que en algunas regiones son los grupos armados ilegales los que se benefician a costa de la necesidad de los mineros artesanales”.
La Defensoría de Caldas envió una comisión humanitaria a la zona de la emergencia en Riosucio, para vigilar las tareas de socorro en busca de los mineros atrapados en los socavones.
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