
La plenaria de la Cámara hundió, en segundo debate, el proyecto que pretendía despenalizar los cultivos ilícitos en Colombia.
El debate desató acaloradas discusiones sobre los diversos tratados internacionales que ha suscrito Colombia.
El viceministro de Justicia, Farid Benavides, arremetió contra el proyecto porque considera que no todos los tratados internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad del país. “El Estado adquirió una clase de responsabilidades como en la convención de estupefacientes… la obligación de penalizar es una responsabilidad irrenunciable del Estado colombiano”.
Y agregó que el país tiene la obligación ante las demás naciones de responder por los tratados suscritos. “Colombia firmó una serie de obligaciones ante la comunidad internacional que debe cumplir”, resaltó.
Así mismo, agregó que el problema de las drogas no se puede tratar de manera aislada, “el problema, según Naciones Unidas, debe ser visto de manera integral desde el cultivo hasta el consumo. En la pasada cumbre de las Américas el presidente señaló que se debe discutir este tema como un problema que hace parte de una cadena”.
A su turno el autor de la iniciativa, Hugo Velásquez, del Partido Liberal, aseguró que el Gobierno Nacional y las autoridades podrán continuar con sus políticas de erradicación y sustitución de cultivos, “y a la vez, presentar propuestas alternativas que es lo que estamos reclamando que debe hacer el Estado”.
“En las cárceles del oriente del país (Vichada, Guaviare y Meta) hay más de 22 mil personas detenidas por cultivos ilícitos y figuran globalmente como narcotraficantes y no lo son. Ellos son pequeños cultivadores que no exceden las tres hectáreas. El Estado colombiano a través de la policía y la justicia se acostumbró a llenar estadísticas con los pequeños cultivadores, con los raspachines, con el núcleo familiar porque estos agricultores que se dedican a estas actividades siempre están con el núcleo familiar, la esposa y los hijos y ellos son los que terminan apresados”, agregó el parlamentario.
El congresista señaló que “estas personas en vez de ver un Estado que los ayude al desarrollo y a salir de la pobreza terminan viendo a un Estado hostil y por lo tanto se van del lado de quienes también están combatiendo el Estado que son los grupos armados especialmente… la guerrilla. Por eso creemos que este proyecto tiene un sentido social”, indicó.
En ese sentido aseguró que volverá a presentar próximamente la iniciativa por el Senado, por otra parte, hay otro proyecto para despenalizar el porte de drogas y los cultivos que fue radicada por el representante conservador Constantino Rodríguez Calvo.
A su turno, el representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, señaló que el proyecto ayuda, “a que no haya tanto hacinamiento en las cárceles” e hizo un llamado para que no se siga perdiendo el tiempo penalizando los cultivos de hoja de coca.
En ese sentido, Germán Navas Talero, del Polo Democrático, aseguró que “el que paga el pato es el pobre campesino que no tiene cómo sembrar plátano y que tiene luego que sacar coca, y el Estado no hace nada por él. La única respuesta del Estado es meterlos a la cárcel, meten a estos señores a la cárcel y su mujer e hijos quedan”.
Contrario a esa opinión fue el representante del Partido Verde, Alfonso Prada quién presentó ponencia negativa al proyecto. “Colombia hace parte de varios tratados internacionales dónde nos hemos comprometido con la penalización de los cultivos ilícitos. Además, despenalizar el cultivo sin medidas de erradicación, de cultivos alternos, o políticas alternativas que permitan llevar a los campesinos a una mejor situación, nos queda difícil. Estos proyectos parcelan la lucha contra las drogas que es una lucha integral”.
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