“Creemos que esto es un gran avance, que esto es necesario para el bien de quienes conforman la Fuerza Pública, porque en la medida en que ellos tengan claridad del marco jurídico en el que operan tienen la posibilidad de ser aún más
efectiva”, indicó Pinzón.
El documento prevé la creación de un tribunal de garantías que tendría la misión de dar un respaldo para que en las eventuales investigaciones a miembros de la Fuerza Pública se dé el debido proceso.
El tribunal, conforme reza el acto legislativo, estaría integrado por un número impar de magistrados, elegidos por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
En el texto se reseña que “los magistrados deberán ser especialistas en derecho constitucional, penal o internacional humanitario y cumplir con los requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Los miembros de
la Fuerza Pública en retiro podrán formar parte de este tribunal”.
Otro de los puntos que se establece en el cuerpo del texto es la posibilidad de que el Gobierno pueda financiar la defensa de los miembros de la Fuerza Pública, sea en la justicia militar o sea en la justicia ordinaria, cuando así se requiera.
El titular de la cartera de Defensa se mostró confiado en que el acto legislativo tenga un trámite ágil dentro al interior del Congreso, de igual forma dio un agradecimiento a la asesoría de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma de la Justicia Penal Militar.
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