Lanzan el Observatorio de Bienestar de la Niñez

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presentó hoy el Observatorio del Bienestar de la Niñez, una iniciativa que busca monitorear las condiciones relacionadas con los ambientes en los cuales se desarrollan los menores, con el fin de elaborar análisis que sirvan al Gobierno e instituciones para la toma de decisiones.

El Observatorio del Bienestar de la Niñez tiene por objetivo desarrollar metodologías estadísticas y documentos que informen a diferentes sectores y también a la ciudadanía sobre los problemas relacionados con la niñez, su incidencia en la educación, los factores que amenazan su desarrollo y la incidencia que pueden llegar a tener.

Esta propuesta se construye desde una perspectiva que espera cambie la lógica de los procesos de elaboración de políticas que “no parten de la existencia de una niñez con necesidades que debe ser asistida”.

Diego Andrés Molano, director general del ICBF, indicó que es motivo de orgullo poder presentar a la sociedad su iniciativa, definida desde principios del 2012. “Consideramos la necesidad de que en Colombia el ICBF pudiera tener un observatorio sobre el bienestar de la niñez colombiana que nos permitiera orientar con los análisis la toma de decisiones en las políticas públicas y ofrecer información para el desarrollo de diferentes programas”, dijo.

Pero no es solo la niñez, es hacer un seguimiento también al papel del Estado, la sociedad y la misma familia en el crecimiento de los infantes. Para ello, el observatorio estudia las dinámicas de las condiciones actuales y promueve la garantía y protección de los derechos de los niños y adolescentes.

Una de las asistentes al foro, durante el cual se presentó el Observatorio, fue Sandra Pabón, gerente de los programas de población vulnerable de la Oficina en Colombia de la Agencia de Estados para el Desarrollo Internacional (USAID), quien resaltó la importancia del diálogo con los menores para identificar sus necesidades y factores de riesgo, entre otros. “Es una herramienta que no necesariamente está siendo recogida, hay muchos esfuerzos pero no siempre están articulados porque falta un hilo conductor de interpretar estas tendencias”, expuso.

Durante la presentación Gilma Liliana Ballesteros, coordinadora general del observatorio, explicó que la propuesta nace de un esquema que persigue la protección integral de los niños e incluye: sus derechos, el sistema de responsabilidad penal, los delitos contra la niñez, la pobreza y el conflicto armado.

Dichas unidades temáticas corresponden a lo expresado en el Plan Nacional de Desarrollo: Prosperidad para todos 2010 – 2014, a los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) sobre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y las recomendaciones de organismos internacionales.

Cada unidad estudia casos específicos desde los informes disponibles, la normatividad y los derechos con el fin de explicar las problemáticas y analizarlas para proponer indicadores de riesgo (probabilidad de ocurrencia), de dinámica (comportamiento, tendencias y características de la situación) y de reincidencia (probabilidad de que se repita y sus causas).

Estos tres últimos componen un proceso de construcción que termina en una profunda y completa descripción de las condiciones y tendencias asociadas a la vulneración de los derechos de los niños. Además, a través del tiempo se hará seguimiento continuo a los resultados arrojados.

El análisis que se hará desde varias dimensiones contempla la edad, el ciclo de vida, el género, las experiencias de vida, sus creencias, las normas de su cultura, las capacidades con las que cuentan, y el contexto socioeconómico y cultural de los infantes para llegar a responder la pregunta de qué situaciones limitan el ejercicio y goce de los derechos de los niños y su desarrollo.

Marcelo Pisan, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) encuentra en el observatorio un reto de auto evaluación de la calidad del trabajo adelantado por el ICBF y otras tantas entidades con misiones similares. “Este proyecto va a afectar a 16 millones de colombianos, que son todas las personas menores de 17 años. Imagínense la importancia del trabajo, estamos hablando de un tercio de la población del país”, destacó.

Además, desarrollará su propio Sistema de Información a través del cálculo de indicadores ubicados geográficamente considerando, como complemento, estudios sectoriales y poblaciones de entidades públicas, académicas, no gubernamentales, etc.

Alejandro Acosta Eyerbe, director del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cinde), se mostró optimista con el observatorio porque “construye institucionalidad” e impulsa la “recuperación de los programas de primera infancia” por medio de la asignación de recursos importantes. En su opinión, a pesar de que las políticas son ahora más sólidas, el reto es mantener esas políticas que suelen caer “más fácil de lo que se posesionan”.

Por su parte, la especialista en políticas públicas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Olga Isaza apuntó que los retos del observatorio son servir a tres propósitos fundamentales: “la gestión de un sistema de información útil articulado a entidades públicas, tomar decisiones basadas en evidencia y dar cuenta de los compromisos para ver qué tan cerca o lejos estamos de la garantía de los derechos de los niños”.

“Este observatorio debe cumplir con tres propósitos que a nuestro parecer son fundamentales: que sea objetivo, que sea participativo y que sea integrado a otros sectores de la sociedad”, ilustró Molano, al tiempo que explicó que buscan tomar decisiones más informados y llegar a poder sugerir contenidos en programas dirigidos a la infancia.

El director del ICBF espera que a futuro las mediciones se hagan sobre la felicidad de los niños y su bienestar en lugar de medir sus carencias y amenazas.

Finalmente, cada estudio llevará a poder determinar un modelo de prevención, restitución y protección de la niñez, que se base en alertas tempranas y genere un mayor conocimiento de las problemáticas. Lo anterior quedará consignado periódicamente en boletines y documentos específicos dirigidos a padres, gobernantes y a los mismos niños y adolescentes.