En asamblea se decidirá castigo para guerrilleros que asesinaron indígenas

Las comunidades indígenas del norte del Cauca se declararon el jueves en Asamblea Permanente, luego de que las Farc asesinaran a dos miembros de la Guardia Indígena que intentaban quitar propaganda subversiva en zona rural de Toribío.

Los cabildos indígenas del Proyecto Nasa se encontrarán todos estos días en la institución educativa Cecidic, ubicada a siete kilómetros del casco urbano del municipio. Allí se espera reunir a unos seis mil miembros de las comunidades del norte del departamento.

Nelson Lemus, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, explicó que durante la asamblea se analizará la situación y se buscarán salidas para garantizar el respeto a la vida de los miembros de la comunidad. "Rechazamos totalmente lo que ocurrió y por eso tenemos que reunirnos, para estar unidos y hacer respetar nuestros derechos".

En la asamblea se decidirá, asimismo, cuál será el castigo para los siete presuntos guerrilleros detenidos por la Guardia Indígena, que inició un recorrido por la zona tras el asesinato. Los detenidos serían los responsables del asesinato de los dos miembros de la Guardia.

El líder explicó que la sanción podría ser desde una "paliza" hasta el destierro del territorio y una pena en una cárcel "prestada". "Los podemos mandar a una cárcel ordinaria, pero el cabildo indígena seguiría siendo el responsable de decidir cuál será la pena".

Según los estatutos indígenas, los guerrilleros podrían pagar hasta 40 años en prisión. Aunque hasta el jueves los consejeros no quisieron revelar detalles de las personas capturadas ni datos acerca del lugar donde se encuentran, algunas fuentes sostienen que entre los detenidos estaría por lo menos un menor de edad.

Esneyder Gómez, gobernador del cabildo de Toribío, reveló que los cabildos de Toribío, Tacueyó y San Francisco reaccionaron de inmediato y a las dos horas de ocurridos los hechos ya tenían a los primeros dos capturados; luego fueron detenidos otros cinco.

El ataque contra los indígenas se presentó hacia las 11:30 a.m. del miércoles, en la vereda El Tablazo o El Cestiadero, zona montañosa de Toribío. Según han explicado líderes de la comunidad, los guardias discutieron con los guerrilleros por la instalación de pancartas alusivas al aniversario de la muerte de Alfonso Cano, lo que generó la agresión contra Édgar Tumiñá y el asesinato de los dos indígenas.

El gobernador del cabildo explicó que "la acción fue toda en contra de la guardia. En el momento en que se les dijo a los guerrilleros que el gobernador del cabildo necesitaba hablar con ellos, hubo un cruce de palabras y una especie de forcejeo. El señor, con su arma cargada, la activó y disparó contra los dos guardias".

Y agregó que "será la comunidad la encargada de decir qué pena se les debe imponer", al tiempo que aclaró que los presuntos insurgentes no serán absueltos "porque los cogimos con las manos en la masa". Se espera que este juicio se adelante el próximo domingo.

El líder aseguró no entender qué ganan las Farc asesinando a dos indígenas. E insistió en que sus compañeros de la Guardia solo buscaban defender su territorio. "¿Acaso eso era razón suficiente para matarlos? (...) Los vi caer. Los mataron de forma desalmada", dijo.

En la noche del jueves los familiares de las víctimas recibieron sus cuerpos en Toribío, pues durante todo el día permanecieron en el Instituto de Medicina Legal de Cali.

Se espera que este viernes se realice un homenaje a los miembros de la Guardia Indígena y el sábado se lleve a cabo el entierro.

Voces de rechazo

Mientras más indígenas llegan a Toribío, las voces de rechazo por este crimen aumentan. La delegación de la ONU en Colombia pidió a la guerrilla de las Farc que respete la autoridad de la guardia indígena y reconozca el valor de su labor.

La ONU "condena el asesinato de dos guardias indígenas del pueblo Nasa, Daniel Coicué y Manuel Antonio Tumiñá, pertenecientes a los resguardos de San Francisco y Toribío, y el atentado contra el guardia indígena Édgar Tumiñá, en hechos ocurridos el 5 de noviembre", indicó un comunicado.

Para Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, "la integridad territorial es un derecho que todas las partes del conflicto deben respetar. Es necesario reconocer la responsabilidad por estos crímenes y cómo durante el conflicto se han violado los derechos humanos".

A las voces de rechazo contra este hecho también se unió la Defensoría del Pueblo, que insistió en que los delegados de las Farc en la mesa de negociaciones de La Habana se comprometan a no atacar a los civiles.

La guerrilla "no puede olvidar que existe el Derecho Internacional Humanitario" y que en algún momento "eso va a incidir en el proceso de paz", dijo el titular de la entidad, Jorge Armando Otálora.

La entidad recordó que "los pueblos indígenas del Cauca, además de ser sujetos de especial protección en sus derechos de conformidad con la Constitución Política está