"El Gobierno no tiene voluntad política, ni presupuestal": Asonal

El sindicato de Asonal Judicial le respondió al fiscal General Eduardo Montealegre quien advirtió que se les descontarán salarios a los funcionarios que continúen en el cese de actividades que ya completa 35 días.

Asegura el sindicato que no se van a dejar amedrentar con los descuentos salariales y que los diálogos con el Gobierno Nacional están rotos.

“Al Fiscal se le olvidó que en el código laboral está establecido, que cuando se desarrolla un protesta por culpa del empleador no es válido descontar tiempos ni salarios. Ha sido nefasta la intervención de Montealegre con el derecho a la protesta y más viniendo de él que no ha querido sentarse a negociar”, dijo a COLPRENSA Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial.

Denunció además intereses del Gobierno Nacional y del Fiscal para posesionar a uno de sus candidatos en la mesa interinstitucional que representa a los trabajadores de la Rama Judicial: “Este viernes son las votaciones y está claro que tanto el Gobierno Nacional y el Fiscal quieren poner a su candidato en la mesa para que respalde sus decisiones frente a los trabajadores judiciales”, dijo el vocero sindical.

Y finalizó argumentando que el paro sigue y que las negociaciones están rotas por culpa de los incumplimientos de los delegados por el Gobierno Nacional. “Nosotros de los ocho puntos cedimos a bajarnos a cuatro para negociar y nos concentramos en la nivelación, descongestión, el problema de la Fiscalía y las fallas del Inpec. A raíz de que rompieron las conversaciones volvemos a los ocho puntos, es claro que el Gobierno no tiene ni voluntad política, ni voluntad presupuestal”, expresó Machado.

El pronunciamiento se da horas después de que el Fiscal General Eduardo Montealegre, diera a conocer que la entidad descontará el salario a los funcionarios que continúen en paro y no les dará el beneficio de las vacaciones en diciembre.

También les ordenó a los jefes de unidades y departamentos reportar a la dirección de personal a las personas que no están asistiendo a su lugar de trabajo.

Así las cosas, mientras continúan las diferencias entre el Gobierno y los sindicatos los más perjudicados son los ciudadanos, pues con los 35 días que completó el paro judicial se han suspendido cerca de 15 mil audiencias judiciales, las URI se encuentran con hacinamiento ya que no se permite la remisión de presos a las cárceles del país y la situación se complica con las tutelas de salud, despojo, entre otros, que no están siendo estudiadas.