
El concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez, podría responder por los delitos de daño en bien ajeno y por generar pánico con su comportamiento, esto tras los hechos de la madrugada de este domingo, cuando protagonizó una cinematográfica huída por las principales calles de Bogotá.
Así lo explicó el director de Fiscalías, Jorge Eduardo Carranza, quien dijo que aún se está evaluando la posibilidad de solicitar una audiencia de imputación.
"Esa es una valoración que está haciendo el fiscal del caso (…) reunir todos los elementos probatorios para hacer la respectiva imputación ante los jueces de control de garantías", expresó Carranza, quien explicó que de comprobarse su responsabilidad el concejal podía pagar una pena de hasta 16 meses de prisión.
Además, dijo que es indudable que el cabildante “representa un peligro para la sociedad”, por lo cual aseguró: “es reprochable la situación de este concejal. La Fiscalía investiga las conductas punibles de las personas, de acuerdo a los informes de Policía Judicial", dijo el funcionario.
Luego de ser capturado, el concejal Martínez fue dejado en libertad tras conocer el resultado del examen de alcoholemia que presentó el Instituto de Medicina Legal, por lo que el Fiscal del caso desistió de solicitar la audiencia de legalización de captura.
Cabe recordar que Martínez protagonizó en la madrugada de este domingo una fuga de película, luego de que las autoridades de tránsito, quienes pretendían realizarle una prueba de alcoholemia, hallaran el vehículo en el que se movilizaba estacionado en una calle de Bogotá.
Durante el seguimiento, que tuvo la colaboración de varios taxistas, la Policía realizó disparos a las llantas de la camioneta del concejal con el fin de inmovilizarlo pero éste siguió conduciendo.
La huida terminó en la Escuela Militar José María Córdova, donde la camioneta del concejal ingresó hasta la parte de los alojamientos para finalmente ser detenido.
YA HABÍA PROTAGONIZADO UN ESCÁNDALO
Esta no es la primera vez que el cabildante protagoniza un escándalo en la vía pública.
En el mes de octubre de 2012 fue publicado un video donde Martínez aparece insultando a un grupo de agentes de la Policía de ese municipio, quienes aparentemente le iban a imponer una multa por conducir en su moto con un menor de edad que no portaba casco.
En el video se evidencia como el concejal se altera y se vale de su cargo para amenazar a las autoridades.
Por estos hechos, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 10 años, en fallo de primera instancia, al determinar que incurrió en tráfico de influencias. Esta decisión fue apelada por la defensa del cabildante, hecho por el cual continúa en su cargo.
Para el órgano de control “el concejal incurrió en falta gravísima establecida en el artículo 48 del numeral 42 del Código Único Disciplinario, el cual advierte que constituye falta gravísima influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero (…)”.
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