LA PATRIA | MANIZALES

El grupo mayoritario de víctimas de la tragedia del Barrio Cervantes, que dejó 48 muertos, le puso plazo al proceso conciliatorio que se adelanta con el Municipio y Aguas de Manizales, ante la Fiscalía. Si para el 15 de septiembre no se ha resuelto la conciliación, le solicitarán al ente acusador que impute cargos y, de paso, renunciarían a la posible salida negociada.

"Nos cansamos de esperar y por eso pusimos un plazo. Ya le dimos las instrucciones a nuestro abogado. Hay escepticismo y pesimismo. Llevamos un año y tres meses en un proceso conciliatorio que no define la Alcaldía, pese al interés de conciliar de Aguas de Manizales y de la compañía de seguros. Avanza el tiempo y al alcalde solo le quedan cuatro meses de su mandato", dijo Guillermo López Arce, un vocero de las víctimas.

Agregó que desde diciembre pasado, el Alcalde y el Gerente de Aguas de Manizales anunciaron los términos y condiciones del preacuerdo al que llegaron, que debía ser refrendado por la Fiscalía y el Tribunal Administrativo, pero han surgido trabas que paralizaron la conciliación.

Contra la pared

El apoderado del grupo de víctimas le envió una carta al alcalde, Jorge Eduardo Rojas, en la que se le solicita resolver la conciliación antes del 15 de este mes. José Fernando Orozco, otro reclamante, indicó que no están dispuestos a esperar más, porque el desespero y la pobreza los agobia.
LA PATRIA conoció que el prerrequisito de la Administración Municipal, para darle vía libre a la conciliación, es el estudio de viabilidad contratado con una firma de abogados de Medellín. Ya fue elaborado y solo falta socializarlo con las víctimas en los próximos días.

Fuentes de la Alcaldía manifestaron que los representantes de la firma de abogados de Medellín se reunirán en próximos días con el Alcalde para analizar los resultados del estudio y tomar una decisión.

La cifra

$21 mil 350 millones, el preacuerdo logrado con las víctimas.