Noticias de Manizales y Caldas,
Enero 30 2025
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LA PATRIA | MANIZALES
En suspenso quedó ayer una audiencia del caso de personas, en su mayoría de la Costa Atlántica, que suplantaron a unos 50 docentes en Caldas y que se apropiaron de forma fraudulenta de $940 millones, en créditos solicitados a dos entidades financieras, tres cooperativas y Confa.
La representación de las víctimas de esta última se opone a un preacuerdo firmado entre defensa y Fiscalía en el que tres mujeres, de los 13 procesados, aceptaban cargos a cambio de una rebaja.
Los hechos investigados se dieron entre el 2017 y 2018. Las denuncias de docentes de Caldas, en su mayoría mujeres, y de las entidades otorgantes de los créditos, dieron cuenta de la existencia de una banda.
Según las averiguaciones adelantadas, obtenían información de personas con buen historial crediticio y capacidad de endeudamiento, falsificaban las cédulas y tramitaban los créditos.
Un aviso de las autoridades previno a las entidades financieras. En algunos casos lograron frenar los desembolsos.
Ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales la Fiscalía expuso los términos de la negociación para cada una de las acusadas, colocando como delito principal el uso de documento falso y sumando algunos meses por los demás y por las veces en que se repitió el engaño.
El proceso surgió como una investigación por concierto para delinquir, en concurso con uso de documento falso, estafa agravada y falsedad en documento público y privado.
El ente investigador cuenta con elementos de prueba que comprometen a cada una de las tres mujeres en dos hechos en grado de tentativa. En un caso se consolidó la estafa, pero la acción de las autoridades permitió recuperar el dinero días después y luego la familia repuso el faltante.
Las otras dos acusadas consignaron de a $1 millón a una cuenta judicial a cargo de la Fiscalía, a manera de reparación a las víctimas.
Oposición
La oposición de la representación de la víctima que asistió a la audiencia consistió en sustentar que el delito principal cometido era el concierto para delinquir, pero el preacuerdo de alguna manera diluía la calificación jurídica que, en su criterio, debía prevalecer.
Así mismo, reclama que por tratarse de un concierto para delinquir que derivó en un lucro económico por la cantidad ya mencionada, se debe cumplir la ley en el sentido de reintegrar la mitad del dinero y asegurar el pago posterior del faltante.
El juez suspendió la audiencia para convocar y escuchar a las demás víctimas en fecha posterior. Se trata de nueve docentes y cinco instituciones (Cocalpro, Cidecal, Ceocal, Banco Agraro y Bancolombia).
Se recuerda que otros miembros de la banda han hecho preacuerdos ante otros jueces, en un caso fue aprobado y en otro negado.
En otras regiones
La banda, imputada en diciembre pasado en Manizales, también estafó en la misma modalidad en Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Casanare.
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