LA PATRIA | MANIZALES
El Tribunal Administrativo de Caldas dejó en suspenso una sanción que la Contraloría le hizo a un exfuncionario de la Licorera y que lo obligaría a pagar unos $1.500 millones por un supuesto detrimento.
El caso se deriva de una liquidación de impuesto por exportaciones de licor. Según la investigación, hubo un detrimento que obligó a la industria a cancelarle a la DIAN cerca de $4.000 millones, hace nueve años.
Para el ente de control el hoy demandante es responsable fiscal por ese asunto, por lo que le abrió un proceso cuando se dio el pago a Impuestos Nacionales.
El sancionado alegó a su favor que ya había pasado más tiempo del permitido para que se le iniciara un proceso sancionatorio, por lo que demandó en la jurisdicción de lo contencioso administrativa los autos en los que le imponían la cuantiosa obligación.
El asunto aún no se resuelve de fondo, pero por el momento el Tribunal accedió a suspender los actos administrativos que contemplan la sanción. Eso quiere decir que por ahora el demandante no debe pagar.
La corporación judicial estudiará si se dio la caducidad de la acción contra el exfuncionario que, al parecer, liquidó mal los impuestos.
En este sentido, aclaró que el término son cinco años, pero no es tan simple lo que se debe resolver, pues si bien la liquidación de los impuestos se dio en el 2002, al parecer la Contraloría interpretó que el daño se causó en el 2012, cuando se hizo el pago de la ILC a la DIAN, y el mismo año se inició la investigación.
La demanda se basa en violación al debido proceso, seguridad jurídica y la caducidad de la acción.
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