Transportadores escolares aseguran que pagaron lo que no debían

LA PATRIA | MANIZALES

Un grupo de transportadores, luego de prestar su servicio por cerca de cinco años al Gimnasio La Consolata, de Manizales, señala que descubrió haber realizado pagos por conceptos que no debían.

Por esta razón los transportadores iniciaron, a través de un abogado, una reclamación judicial para que se les reintegren los dineros que pagaron. Las cantidades que calculan deben ser devueltas por la institución están entre $3 millones y $6 millones.

Se refieren en específico a un porcentaje que les exigían entregar al colegio por alumno transportado. El dinero pagado era un requerimiento directo de la Rectoría, además de asumir dos transportes para actividades extracurriculares.

Los reclamos se empezaron a gestionar desde hace un año, cuando se les informó que ya no trabajarían en las rutas, pues se habían suprimido tres.

El abogado Hernando Rocha Escobar, quien representa a los transportadores, manifestó que se inició un proceso civil y como requisito previo se intentó una conciliación, la cual terminó sin arreglo entre las partes.

Los reclamantes Germán Garcés, Germán Mejía y María Elena Zapata, coinciden en señalar que los pagos se hacían cada mes y que eran exigidos a través de oficios y advertencias de ser excluidos en caso de negarse a entregar el porcentaje.

Responde el rector

José Marino Gallego Ramírez, rector de la institución, explicó que los tres transportadores no continuaron prestando el servicio porque hubo una disminución en la matrícula o algunos padres de familia se pasaron a vivir cerca del colegio y prefieren llevar a los hijos en su vehículo particular.

Aclaró que no hay un contrato laboral entre el transportador y el colegio, sino que la institución permite que los vehículos entren al parqueadero, que es una parte privada, y recojan a los niños.

Indicó que hay una cooperativa en la que están asociados y que fue a esa organización a la que se le informó que ya no requerían las mismas rutas, y esta a su vez eligió a quienes no continuaban prestando el servicio.

Acerca del proceso civil, dijo que como rector fue requerido legalmente para aclarar los hechos y que en la conciliación fallida manifestó que en caso de que un juez determine que tienen devolver algún dinero, la norma indica que debe ser a los padres de familia.

Agregó que a los transportadores se les cobraba cinco mil pesos por niño, como membresía por los derechos de alquiler de las instalaciones para que hicieran usufructo de la actividad.

La norma

En el 2015 la Presidencia de la República expidió el Decreto 348, el cual señala en el artículo 60, Parágrafo 1, que “los establecimientos educativos no podrán percibir ninguna remuneración o ingreso por intermediación en la contratación del servicio de transporte escolar. En caso de contravención de lo aquí dispuesto, se entenderá que se efectuó un pago de lo no debido y el establecimiento educativo estará obligado a la restitución de las sumas debidamente indexadas a los padres de familia o responsables de los estudiantes”.