LA PATRIA | MANIZALES

Leidy Lorena Flórez Osorio seleccionaba muy bien a sus potenciales víctimas. Conseguía datos sobre ellas y cuando verificaba que tenían algún tipo de capital, las abordaba. Luego, se hacía pasar como socia de un grupo que comercializaba productos a gran escala, excusa con la que lograba que los incautos le entregaran su dinero.

Ella, a cambio, les ofrecía devolvérselo con intereses altos, pero luego los tumbaba.

El negocio de Leidy Lorena terminó el 3 de diciembre pasado, cuando el CTI la detuvo en el barrio Fátima, de Manizales, a las 6:00 de la tarde. Y esta semana se definió que tendrá que pagar por haber tumbado al menos a 22 personas. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales la condenó a 10 años prisión, sin ningún beneficio.

Una fiscalía seccional de Manizales logró la sentencia condenatoria por los delitos de captación masiva y habitual de dineros en concurso heterogéneo con negativa de reintegro, estafa agravada, estafa como delito masa y abuso de confianza.

Confianza

La mujer, de 34 años, estafó a sus víctimas entre el 2012 y el 2015. Investigadores de la Sección de Análisis Criminal CTI de la Fiscalía asociaron 22 denuncias recibidas, las agruparon y así establecieron que Leidy Lorena era la responsable.

Ella se ganaba la confianza de sus víctimas, pues les devolvía inicialmente el dinero que le entregaban, lo que hacía que las personas le dieran sumás más altas. Los incautos la llamaban al celular, pero jamás les contestaba.

En otras denuncias se estableció que hacía contratos de préstamo de dinero, aprovechándose de la confianza de los ciudadanos. La cuantía del ilícito fue de, al menos, $500 millones.

El ente acusador indicó que aún reciben nuevas denuncias por hechos similares, donde aparece como presunta responsable esa mujer.

La cifra

$4 mil 420 millones tendrá que pagar de multa esta mujer.

Les pisan los talones

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, expresó recientemente que las pirámides son negocios que mueven mucho dinero y que se crean en cualquier esquina o garaje, sin que sea detectado con facilidad.

Añadió que el año pasado la Supersociedades intervino cinco captadoras ilegales que movieron $246 mil millones. Y desde el 2008, cuando se desmanteló a DMG, se han intervenido 130 entidades, que facturaron alrededor de $5,6 billones, un poco menos que la venta que dejó la energética Isagén.