LA PATRIA | MANIZALES

¿Cárcel o detención domiciliaria? Ese es el dilema que deberá resolver el Tribunal Superior de Manizales sobre la situación jurídica de Magola Franco Pérez, de 56 años, exrectora del colegio Leonardo Da Vinci, de esta capital.

Ayer, durante la verificación del preacuerdo, ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito, la Fiscalía explicó que la pena, con las rebajas establecidas, quedará en cinco años y siete meses de prisión. Además, que a la exfuncionaria le darían detención domiciliaria.

A ella la acusaron de interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado y concusión. Fue investigada por anomalías al suscribir una serie de contratos con los cuales se pretendía hacer una remodelación y algunas reparaciones locativas en la institución, en el 2010.

El abogado de Juan Carlos Galeano Valencia, la víctima, pidió que se le dé detención intramural a Franco Pérez, pues se trata de una persona que fue funcionaria pública y, además, le causó mucho daño a su cliente.

"Solo le ofrecieron un millón de pesos, haciéndole creer que era un primer abono a la indemnización. Las pérdidas que tuvo mi cliente se calculan en $200 millones. Además, él no puede volver a contratar con el Estado", explicó el defensor.

El abogado de la exrectora respondió que ese documento de la indemnización se autenticó ante Notaría y que si la víctima se siente perjudicada, para eso existe el incidente de reparación integral. Además, que si Galeano Valencia le pasó a Franco Pérez facturas para legalizar esos contratos, debería ser también investigado. El Tribunal tiene la última palabra.

Inhabilidad

La Procuraduría Regional de Caldas, mediante Resolución del 23 de enero del presente año, confirmó en segunda instancia el fallo de la Personería Municipal, donde sancionó a Magola Franco Pérez con destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por el término de 12 años y 4 meses.

El dato

En marzo pasado, el juez avaló el preacuerdo, pero la defensa de la víctima apeló. El Tribunal de Manizales devolvió el caso al Juzgado.