Se quedaban, al parecer, con dineros de demandas

LA PATRIA | MANIZALES

Una persona que ejercía como citador de un juzgado de Familia de Manizales, y siete particulares más, afrontarán un proceso judicial. Al parecer, valiéndose de artimañas, se apropiaron de recursos que debían ser entregados a madres que ganaban demandas por inasistencia alimentaria.

El caso se destapó por la denuncia que instauró una afectada.

Ayer se aplazó, por segunda vez, la audiencia de imputación de cargos, que quedó para finales de junio, porque algunos abogados no pudieron asistir.

Sin embargo, el juez advirtió que si se dan más aplazamientos, les aplicará las medidas que permite la ley. Ayer se dijo que varios testigos fueron amenazados.

¿Oportunismo?

Los hechos se remontan al 2011 y el 2012. Se conoció que los siete implicados le reclamaban los cheques al citador.

Se hacían pasar como apoderados de las madres beneficiadas, pues presuntamente no podían recibirlos personalmente por carecer de cédula, vivir en otra ciudad o tener una discapacidad física que les impedía desplazarse hasta el despacho judicial (ver infográfico).

Se estima que el robo ascendió a $50 millones. A los ocho involucrados se les acusaría por peculado por apropiación y falsedad en documento público.

Habló el principal implicado

El citador dijo ayer que recibió una llamada anónima en la que lo presionaban para que se declare culpable, "porque hay plata para luego sacarlo de la cárcel".

“Tienen poder para joderme a mi y a mi familia. Hago responsables a quienes me acusan de lo que me pueda pasar".

El citador argumentó que los pagos se hacían antes, durante y después de que él pasó por ese cargo. Además, que al menos cuatro funcionarios de rango superior a él revisaban, firmaban y ponían las huellas en los cheques, con lo que se entendía que aprobaban el desembolso de los dineros, que los terceros cobraban en el Banco Agrario.

"Una funcionaria superior me ordenó buscar a los particulares para que les hiciera el favor de recibir los pagos", añadió.

Implicados

Entre los mediadores para cometer el ilícito habrían un carpintero, un obrero de la construcción y varias amas de casa. “Resulta que esta práctica de utilizar a particulares para reclamar plata de gente que no lo puede hacer, me dijeron en el juzgado que era perfectamente normal. Es gente que lo hizo de buena fe, porque yo se los pedi”, aseguró el sindicado.