LA PATRIA | MANIZALES

"Por lo menos se limpió el nombre de nuestro familiar", expresa Jorge Hoyos Montes, primo de Wílmer Erney Montes Gallego, campesino asesinado por el Ejército en Samaná, el 31 de octubre del 2005. Al trabajador, de 21 años, lo sacaron de su casa en la vereda San Rafael y lo mataron delante de su hijo de 3 años.

El Ejército, en ese momento, dijo que era un miliciano de las Farc que cayó en enfrentamientos. Sin embargo, 10 años después, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación y le ordenó indemnizar a la familia de Wílmer por ese hecho.

Los familiares de la víctima demandaron, fallaron a su favor en primera instancia, la Nación apeló y ahora el Consejo de Estado ratificó la decisión. Según el fallo de segunda instancia, el campesino perdió la vida por la imprudencia de un soldado, al que se le disparó su arma en medio de un operativo militar. Luego pretendieron presentarlo como muerto en combate.

En las investigaciones, el Consejo de Estado encontró que tropas del Comando Fuerza de Tarea Orión, durante operativos contra campamentos guerrilleros en la zona, ingresaron a la casa del civil, que estaba junto a su familia. Lo obligaron a tirarse al piso y lo asesinaron de manera accidental durante una requisa.

Para el Consejo de Estado, es una acción que constituye una clara falla en el servicio del Ejército. Por eso ordenó pagarles $200 millones a los familiares.

"Era un muchacho sano, trabajaba en el campo para sostener a su esposa e hijo. Ellos se han recuperado del efecto de ese dolor y tratan de seguir su vida", indicó el primo.

Disculpas

El Consejo de Estado le ordenó al comandante del Ejército Nacional dar una declaración pública y ofrecer disculpas a la familia a través de los medios de comunicación. "Debe reconocer que la víctima murió por la imprudencia de un uniformado, y no en medio de un enfrentamiento".