LA PATRIA | MANIZALES
Pasados ocho días desde que se dieron dos diligencias de allanamiento ordenadas desde Bogotá, en uno de los dos casos la Fiscalía se quedó con las manos vacías, porque la juez con función de control de garantías declaró ilegal el procedimiento.
El caso, que tuvo resonancia nacional, sería el de un presunto hacker que habría hurtado por medios informáticos unos dos mil millones de pesos. El hoy detenido solo fue imputado por comprar elementos de oficina por $15 millones, con una tarjeta de crédito de otra persona, que lo denunció.
El abogado Felipe Romero Medellín, quien hace parte de los defensores que asumieron la representación de un hombre y una mujer capturados, llamó la atención sobre la captura de la mujer, pues al revisar los motivos de las diligencias se fundaban en un anónimo.
La orden judicial solo consistía en recaudar elementos materiales probatorios, pero en la misma se encontró un arma de fuego artesanal, dijo.
La impugnación de los profesionales del derecho en la audiencia de legalización de elementos materiales hallados (tres celulares y el arma) consistió en la ausencia de motivos para practicar el allanamiento.
La juez de garantías les dio la razón porque, según Romero Medellín, solo se basaron en un anónimo. El arma quedó en manos de las autoridades. La fiscalía especializada de Bogotá a cargo de la indagación, se abstuvo de continuar con las audiencias siguientes. La mujer quedó libre y los celulares incautados volvieron de inmediato a sus dueños.
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