LA PATRIA | MANIZALES
“¿Qué vamos a hacer sin defensores (públicos)?”, preguntaba el viernes una fiscal en los pasillos del Palacio de Justicia Fanny González, de Manizales. En ese momento acababan de cancelar una audiencia de acusación porque el detenido no tenía quién lo representara. Antes lo hacía un defensor público, que ya no está en la entidad.
La semana laboral que terminó fue quizá la más difícil del año, para la realización de audiencias en los juzgados penales de Manizales. La razón: cancelaciones y aplazamientos por falta de defensores públicos para procesos que adelantan esos despachos.
Este año se dio una reestructuración en la Defensoría del Pueblo y, además, se realizó un concurso que en vez de reforzar redujo a cuatro el número de defensores para atender los procesos en ocho juzgados penales del circuito (incluido el especializado), tres de ejecución de penas y dos de adolescentes.
Anteriormente había 23 defensores. Solo el especializado tenía asignados tres, comentó un abogado conocedor del funcionamiento de la Defensoría.
Se recuerda que el juzgado penal especializado es el único competente para conocer en primera instancia procesos como concierto para delinquir y crímenes de lesa humanidad. En total 35 delitos contemplados en la ley penal.
Se estima que los cuatro defensores asumirán la representación de acusados en unos 700 u 800 procesos. En un despacho señalaron que al menos el 70% de los procesos penales cuentan con defensor público.
La proyección que se hacía es que la baja asignación de defensores públicos repercutirá en libertades a detenidos por vencimiento de términos y eventuales prescripciones.
Este medio se comunicó con la defensora Regional, Luz Yazmín Gómez Agudelo, para conocer su versión sobre la coyuntura actual, también envió un mensaje a su Whatsapp, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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