
LA PATRIA | MANIZALES
Pretendía tumbar a la hermana de su padrastro y por eso pagará siete años y seis meses de cárcel. Eso le pasó a Dora Marín Osorio, a quien sentenció en segunda instancia el Tribunal Superior de Manizales por fraude procesal, fraude a resolución judicial o administrativa de Policía y falsedad en documento privado.
La denuncia la interpusieron, el 12 de mayo del 2014, dos familiares de la hoy condenada. Julio César Marín Castro, quien falleció en el 2008, nombró como herederos a sus dos hermanas, una ya muerta.
Del trámite de sucesión quedó excluida Dora, hija extramatrimonial del fallecido. Contrató a un abogado y reclamó sus derechos ante el Juzgado Primero de Familia de Manizales. En septiembre del 2010, este le otorgó el 75% de un predio a Dora y el restante 25% a la hermana que le sobrevive al fallecido.
Según la Fiscalía, el abogado de Dora presentó una demanda para reconocimiento de derechos herenciales, sin hacer mención al porcentaje que le correspondió a la otra mujer. Se indujo al error al juez, por lo que el 24 de mayo del 2012 se le adjudicó a la hoy sentenciada el ciento por ciento del inmueble, ubicado en el barrio Las Américas, de esta ciudad.
De igual manera, el representante de la afectada presentó demanda de petición de herencia, pero en la contestación se obvió que le correspondía el 25%, por lo que se indujo de nuevo al error a un funcionario público.
"Dora sabía de las decisiones y guardó silencio", indicó el ente acusador. El 22 de julio del 2016 se realizó la audiencia de imputación de cargos, pero los negó. Quedó libre y vinculada a un proceso. En diciembre de ese año, antes del arranque del juicio, la mujer aceptó y se le otorgó la detención domiciliaria.
El abogado de la víctima pidió que todo volviese a su estado anterior, es decir, que se le reconociera el 25% a su defendida y se anulara la compra-venta de la vivienda, pues la hoy sentenciada le vendió el inmueble a una mujer en $41 millones 500 mil, asegurándole que era solo suyo.
Adicional, el 15 de septiembre del 2015, el Juzgado Primero de Ejecución Civil de Manizales adjudicó la casa a otra mujer en un proceso ejecutivo hipotecario. Ofreció $86 millones.
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