LA PATRIA | MANIZALES
Detrás de una propuesta de intercambio académico en Estados Unidos, el profesor Orlando Pedrozo Arias, de una institución educativa de Chinchiná, terminó invitando a los estudiantes a realizar fotos y videos pornográficos.
Por estos hechos un juzgado lo condenó a 11 años de prisión, por pornografía con menor de 18 años. La condena la confirmó ayer el Tribunal Superior de Manizales.
La investigación por este caso se inició en el 2013, cuando algunos padres de familia supieron de las actividades ilícitas a las que fueron inducidos los menores, y denunciaron.
La propuesta de intercambio, al parecer ficticia, consistía en profundizar en clases de inglés. Había una promesa remuneratoria por el material audiovisual, que en algunos casos se cumplió. Inicialmente las fotos eran enviadas a un perfil de Facebook, con nombre de mujer.
Según se indicó en el proceso, el hoy condenado les decía a los adolescentes que el contacto era alguien superior dentro de la organización para comercializar el material pornográfico. Jamás se estableció si era una persona real o un perfil falso.
El educador citaba a los menores en la sala de profesores y luego utilizaba la sala de audiovisuales del colegio, en las noches, para realizar las sesiones de fotografía.
El proceso
En la investigación estuvo vinculado un menor, a quien señalaban de persuadir a sus compañeros para el proyecto del docente. Luego se determinó que era uno más de los que posaban y que había recibido pago por prestarse al ilícito, pero no se concertó con el profesor para cometerlo.
El plan para realizar las imágenes se dividía en varias fases. Inicialmente los jóvenes debían enviar fotos en ropa interior a la red social. Luego se programaban las sesiones con desnudos completos.
La siguiente etapa se desarrollaba en un balneario. Allí el profesor grababa a los muchachos en escenas de masturbación individual y por último, para ganarse una suma mayor, debían dejar que otro lo hiciera.
En el fallo de segunda instancia, que confirmó el Tribunal, llamó la atención de la Fiscalía, porque no mostró la suficiente diligencia para obtener el material audiovisual en el que se basaba la acusación.
Esto dio pie a la apelación de la defensa, que intentó derrumbar la credibilidad de los 11 testigos presentados por el ente acusador.
Sin embargo, los magistrados de la Sala Penal destacaron que los testimonios de las víctimas, de otros jóvenes que no aceptaron la propuesta, así como de los padres de familia, fueron coherentes para demostrar la existencia del delito y el responsable de la conducta.
Último recurso
El condenado, quien permanece privado de la libertad en un centro carcelario, podrá interponer el recurso extraordinario de casación, ante la Corte Suprema de Justicia.
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