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El sindicato de la Chec se pronunció ayer contra el proceso judicial que se le sigue a su presidente.
LA PATRIA | MANIZALES
La Fiscalía Especializada de Derechos Humanos interroga desde ayer a sus testigos en el juicio oral que se sigue contra Óscar Arturo Orozco, presidente de la CUT Caldas, y dos escoltas, en el caso que denunciaron como un atentado. Las audiencias se extenderán por dos semanas.
El hecho ocurrió el 4 de agosto del 2012 en el trayecto Santágueda-Arauca. A raíz del suceso, la Fiscalía no reconoció que hubo un atentado y por lo contrario inició un proceso por seis delitos.
El ente acusador intenta probar su teoría del caso, según la cual el único objetivo de Orozco era evitar que se desmontara su esquema de protección, lo que implicó costos por cuatro millones 300 mil pesos para el Estado.
La defensa llamó la atención sobre las condenas injustas, pero se comprometió a presentar pruebas, testigos y declaraciones de peritos en física cuántica y geometría. Agregó que hay errores sobre los que se ha fundado la prueba de la Fiscalía.
Los primeros en rendir su testimonio fueron los patrulleros que conocieron del caso. Coincidieron en que el día mencionado, cerca del mediodía, a la Estación de Policía arribó el vehículo con los ocupantes. El carro presentaba varios impactos con arma de fuego.
Varios atentados
Orozco Sánchez manifestó que el proceso desde el principio ha sido un atentado al derecho de asociación, dirigido contra la CUT y el sindicato de la Chec. "Sin embargo, estamos dispuesto a enfrentarlo con las herramientas que logramos acumular".
Agregó que se trata de un falso positivo judicial de la Fiscalía, para justificar dos hechos posteriores como una agresión a un vehículo en el que se desplazaba cerca del entonces Parque Olaya Herrera (hoy Parque de El Agua), ocurrido el 13 de noviembre del 2013, y el hecho del 10 de enero del 2014 cerca de la Plaza de Toros, cuando que perdió un ojo, tras ser impactado por un artefacto.
Interpretó que esos hechos son consecuencias de su actividad sindical, ejercida durante cerca de 30 años. Recordó que el caso en que se ve envuelto judicialmente ocurrió mientras se desplazaba a una reunión con pescadores, por un daño ambiental al río Cauca, cuya demanda contra EPM está calculada en $25 mil millones.
"En esa época veníamos acompañando un paro del centro de salud. También había una campaña electoral, que perdió el Partido Liberal después de 30 años de hegemonía en Palestina", concluyó.
--R
Delitos señalados
*Falsa denuncia
*Fraude a subvenciones
*Daño en bien ajeno agravado
*Falsedad en documento privado
*Falso testimonio
*Fraude procesal
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